El año 2008 comenzó con un órdago pendiente al Estado de Derecho: El anunciado referéndum que el lendakari Ibarretxe planeaba celebrar en la comunidad vasca. Un envite soberanista que durante el año anterior no sólo había dividido a los principales partidos nacionales, PP y PSOE, sino también al fundado por Sabino Arana.
Las cuatro posturas se siguieron viendo claras durante los primeros meses del año. Rajoy exigía la inhabilitación de Ibarretxe mientras Zapatero apostaba por convertir al lehendakari con el visitante más común de La Moncloa. Por su parte, Urkullu, el hombre fuerte del aparato peneuvista, distanciado ya en exceso del lendakari, no dudaba en hacer guiños constantes al presidente del Gobierno e Ibarretxe insistía en su órdago.
A finales de mayo, el Gobierno vasco aprueba la ley de consultas que da cobertura al referéndum ilegal, el lendakari exhibe las primeras papeletas de la consulta y se pone fecha al día que el Ejecutivo de Vitoria se reunirá en Lehendakaritza para convocar el referéndum y el día en que se votará la ley en el Parlamento vasco.
Las declaraciones cruzadas se repitieron hasta la votación en la Cámara vasca. Urkullu decía que no habría referéndum si el Tribunal Constitucional no lo permite. Sin embargo, Ibarretxe advertía la convocatoria no tiene "vuelta atrás". El ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se mostraba partidaria de suspender la autonomía vasca. Las Juntas Generales de Álava también se encargaron de dar el primer varapalo al órdago de Ibarretxe y la mayoría que sumaban PP y PSE servía para mostrar el rechazo del territorio histórico a la consulta.
El 27 de junio, el Parlamento vasco aprueba la ley de consultas del lendakari gracias a los votos del PCTV, la franquicia electoral de ETA. Días después, el Gobierno vasco aprueba una partido presupuestaria de cinco millones de euros para la consulta, pero vuelve a aparecer la figura de Urkullu, quien promete que el PNV "no hará fuegos de artificio" si se prohíbe el referéndum ilegal.
Con la llegada del verano, comienza la batalla legal para tumbar y mantener el referéndum en el Tribunal Constitucional. El 17 de julio, el Alto Tribunal admite a trámite los recursos del Gobierno y PP y suspende provisionalmente el referéndum. La reacción de Ibarretxe no se hace esperar, y un día después, buzonea la papeleta de la consulta en los hogares vascos. Eso sí, el lendakari pone a los servicios jurídicos de su gobierno en el asunto, aunque con poco éxito, ya que a finales de agosto el Constitucional rechazaría el recurso presentado por el Ejecutivo de Vitoria y por Aralar.
El 11 de septiembre, el Constitucional toma su decisión final: Anula el referéndum de Ibarretxe porque no afecta sólo a los vascos. Ese día se acabó el órdago.