El juez Baltasar Garzón se salió con la suya y protagonizó el mayor escándalo judicial del 2008. En un intento tan disparatado como fracasado el magistrado se declaraba competente para investigar los crímenes generales de la Guerra Civil y el franquismo. Rozando lo humorístico el juez pidió el certificado de defunción de Franco para asegurarse que los presuntos responsables de las desapariciones estaban muertos.
Sin embargo, la Fiscalía que encabeza Javier Zaragoza y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no se iban a poner fácil. Primero se ordenó la paralización de la apertura de fosas, hecho que hizo que el juez se oliese que la Sala lo iba a declarar incompetente y que le llevó a inhibirse de la causa un mes después de abrirla.
Auto tras auto, sin desperdicio alguno, Garzón volvía a acaparar portadas. La maniobra sorprendió por inesperada ya que el pulso entre Zaragoza y el juez se convirtió en algo personal que presumiblemente llevarían hasta el final. Poco después, la Sala de lo Penal emitió el incidente de incompetencia que Garzón temía.
De esta forma, la Audiencia dijo que no le competía a sus magistrados investigar dichas desapariciones. Además, el Tribunal Supremo también rechazó ser competente para investigar la causa. Ahora, está por ver si los juzgados autonómicos también darán carpetazo a la última extravagancia judicial del juez estrella. De momento, los presidentes de los Tribunales Superiores ven “difícil mantener abierto” el esperpento.