Anestesiados entre 2006 y 2007 por la negociación política entre el Gobierno Zapatero y ETA, los resortes del Estado de Derecho para combatir el terrorismo volvieron a actuar durante 2008. Muestra de ello han sido tanto los éxitos policiales en la lucha contra el terrorismo como la actuación de la Justicia.
Termina un año en el que ETA ha sufrido daños importantes en sus estructuras. De hecho, hasta tres de los máximos dirigentes de la organización terrorista han terminado entre rejas, eso sí, gracias a la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas. Francisco Javier López Peña,"Thierry", fue el primero en caer. Unos meses después pasarían lo mismo con el jefe de grupos de ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", y con su sucesor, Aitzol Iriondo, "Gurbitz".
Las Fuerzas de Seguridad desarticularon parte del complejo Vizcaya, el renaciente grupo Navarra y consiguieron llevar entre rejas a un buen número de terroristas. Más de ochenta tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. Entre ellos, Igor Portu y Martín Sarasola, autores materiales del atentado contra la terminal T-4 de Barajas, o Jon Salaberría, ex parlamentario de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco. A ellos hay que sumar los casi cien terroristas callejeros que también fueron arrestados.
El otro golpe a las estructuras de ETA llegó desde la Justicia. El Tribunal Supremo ilegalizó a ANV y al PCTV, las dos últimas franquicias electoral de la banda terrorista, aunque los proetarras continuarán en los consistorios vascos y navarros hasta 2011. Pese a ello, el Gobierno no utilizó sus recursos para disolver los consistorios gobernados por ANV, ni movilizó hasta el último mes del año a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado para hacer intentar hacer cumplir muchos de los aspectos de la sentencia. Por su parte, la Audiencia Nacional daba otro varapalo al entramado político-social de la banda terrorista al condenar a los máximos dirigentes Askatasuna-Gestoras Pro Amnistía por integración en organización terrorista.
Pese a todos estos éxitos, no se pudo evitar que los terroristas continuasen su política de terror y sangre por España. 2008 suma otras cuatro víctimas a la lista sangrienta de ETA. El primero fue asesinado a apenas veinticuatro horas de que los españolas tuviesen su cita con las urnas electorales. El ex edil del PSE en Mondragón, Elías Carrasco, recibía varios tiros en la cabeza cuando salía de su casa rumbo a su puesto de trabajo. Un par de meses después, en mayo, la segunda víctima era el guardia civil Juan Manuel Piñuel, por la furgoneta-bomba de ETA colocada frente al cuartel del Instituto Armado en Legutiano-Villarreal de Álava.
A mediados de septiembre, una nueva furgoneta-bomba colocada por terroristas de ETA frente al Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña se cobraba la vida del brigada del Ejército Luis Conde. La muerte ponía fin a una cadena de atentados terroristas, cuatro en cuatro días, en Ondarroa, Vitoria y Bilbao, que apunto estuvo de costar también la vida al policía nacional.
La última víctima, el pasado 3 de diciembre, fue Ignacio Uría Mendizábal, máximo accionista de una de las empresas adjudicatarias de las obras de la Y vasca. Los terroristas le asesinaron en su localidad natal, Azpeitia, gobernada por Acción Nacionalista Vasca.
A estos atentado había que sumar otra quincena, cometidos contra entidades bancarias, empresas adjudicatarias de la Y vasca, sedes sociales del PSE, comisarías de la policía vasca, repetidores de televisión, o la Universidad de Navarra.
2008 se cerró con los últimos coletazos del show de De Juana Chaos. El sanguinario terrorista abandonó la cárcel de Aranjuez en el mes de julio y, tras un homenaje en el que se leyó en su nombre una carta en la que se enaltecía el terrorismo, se cobijó en Irlanda, gracias al entorno del IRA. Desde entonces, la justicia trata de extraditarle a España para que declare sobre su posible nuevo delito.