Por Manuel Llamas
2008 pasará a la historia como el año en el que las primeras potencias mundiales se pusieron de acuerdo para aprobar la mayor intervención pública desde el crack del 1929 en EEUU.
El agravamiento de la crisis financiera se fue haciendo evidente con el paso de los meses. La sequía se instaló de forma permanente en el mercado interbancario internacional, de donde beben las entidades para poder financiarse a corto y medio plazo. La desconfianza se apoderó de las instituciones financieras ante la incertidumbre que estalló tras la crisis subprime de 2007.
Sin embargo, la falta de liquidez escondía un problema mucho mayor: la insolvencia bancaria ante el desplome que experimentó el valor de los activos hipotecarios y, en general, crediticios. Las medidas no se hicieron esperar. La Fed inició su estrategia de bajada de tipos de forma progresiva: primero en enero, en marzo, para después mantenerlo la tasa en el 2%.
Sin embargo, a la vuelta del verano, la Reserva Federal de EEUU intensificó su agresiva política monetaria, hasta el punto de situar los tipos en el entorno del 0%. Una estrategia que ha sido imitada por el resto de bancos centrales.
Pero más allá de los recortes sucesivos en el precio del dinero, si por algo se ha caracterizado la intervención de las autoridades monetarias es por las masivas inyecciones de liquidez ante la parálisis del interbancario y la urgencia de dinero por parte de los bancos para cuadrar sus balances a corto plazo. Pese a todo, de nada sirvieron los salvavidas puestos en marcha por la banca central.
Entre las medidas adoptadas, destacan sobre todo dos. El denominado Plan Paulson, ideado por el secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson: 700.000 millones de dólares para la compra de activos tóxicos en poder de las entidades, aunque posteriormente fue modificado parcialmente por el Senado tras sufrir el rechazo del Senado de EEUU.
El primer ministro británico Gordon Brown fue aún más allá al aprobar la nacionalización parcial de la banca del país. Un plan que, posteriormente fue adoptado por la mayoría de potencias europeas. A la ayudas públicas al sector se le sumó de inmediato otro macroplan para salvar la economía ante la llegada de la recesión global y la deflación.
El escenario para la puesta en práctica de dicho plan de rescate económico por parte de los gobiernos se produjo en Washington, en la cumbre del G-20 más importante de las últimas décadas. A partir de este momento, la extensión del gasto público fue la columna vertebral de los gobiernos: tanto en EEUU, como en la UE e, incluso, China.
En el caso de España, destaca la aprobación del denominado Plan Solbes para la banca y el Plan Zapatero para tratar de reactivar la economía ante la debacle del paro. Las consecuencias de tales medidas, centradas en el incremento del gasto público, vía déficit y deuda, a nivel global, se empezarán a notar en 2009. Aunque no para bien.