En 1992 se produjo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, con un mensaje que alertó a los firmantes de la declaración de Científicos Atmosféricos sobre el Efecto Invernadero, así como la de Heidelberg, firmada por 4.000 científicos y expertos, entre los que se incluyen 72 premios Nobel. Tres años más tarde, en la Cumbre de Berlín sobre el clima, se introdujo una propuesta para alentar la creación de un protocolo internacional que obligara a los países desarrollados que redujeran sus emisiones de CO2. Esta propuesta es la que se convertiría en diciembre de 1997 en el protocolo firmado en la ciudad japonesa de Kioto.

El acuerdo se propone como objetivo reducir las emisiones globales en un 5,2% sobre las alcanzadas en 1990. Para ello implicará los esfuerzos de varias naciones industrializadas, una vez las firmantes suman en conjunto un nivel de emisiones que supera el 55% del total. Esta cuota se alcanzó después de que se sumara Rusia, pese a las críticas de la Academia de Ciencias. Estados Unidos, pese a que inicialmente firmó el protocolo, no lo ha ratificado. Sometida al control democrático, la rectificación del tratado fue rechazada por 95 votos de los 100 que componen el Senado, con cinco abstenciones.

La Unión Europea se ha comprometido a una reducción del 8% en conjunto, pero atendiendo a las necesidades y características de los distintos países, las reducciones que ha exigido o los aumentos que ha permitido a cada país son distintos. Alemania se ha comprometido a una reducción del 21%. Puede permitirse este compromiso dado que ha heredado la industria de la parte del país ocupada por un gobierno comunista, muy inefectiva y contaminante. Gran Bretaña, por su parte, ha amortizado sus fuentes con mayores emisiones, como el carbón, y ha favorecido el gas natural, por lo que la prevista reducción del 12,5%, pese a superar la media europea, es un objetivo factible. Frente a estos u otros países, hay otros a quienes se permite un aumento de las emisiones, pese a lo cual se cumpliría la reducción del 8% para toda la UE. Es el caso de España, que prevé un aumento del 15%, o de Portugal, con un 27%.

No obstante esta aparente ventaja española, el tratado es especialmente oneroso para nuestro país. Es la nación económicamente más perjudicada de la Unión Europea, y probablemente del mundo, según se puso de manifiesto en la jornada Kioto y la economía española, organizada por el Instituto Juan de Mariana. La razón es que al estar fijados los objetivos de emisiones, las economías más dinámicas son las que más duros ajustes tienen que realizar. En los últimos años la economía española ha crecido a buen ritmo, e incluso ha creado durante varios años la mitad del empleo creado en la UE. Este avance se ha manifestado en un fuerte aumento en la demanda energética, con el correspondiente aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

De hecho España es el país que más incumple los compromisos adquiridos al firmar el tratado. Nuestro país supera en 2003 las emisiones de 1990 en un 40,6%, muy lejos del 15% que tiene asignado. El conjunto de la Unión Europea se aleja también de su objetivo conjunto de reducción del 8%. Si se diera este incumplimiento europeo de los compromisos, el acuerdo europeo se rompería y entonces cada uno de los miembros de la UE tendría que cumplir con la reducción del 8%. En ese caso España estaría aún más lejos de sus compromisos con Kioto.

Mecanismos del protocolo de Kioto

El vapor de agua supone más del 98% del efecto invernadero. Un proceso natural que mantiene el equilibrio energético de la Tierra y que permite la vida en la misma. El resto procede de otros gases; principalmente CO2, también producido de forma natural, aunque una parte tiene origen en las actividades humanas. Es en este ámbito en el que actúa el protocolo de Kioto.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos, el protocolo cuenta con lo que se llama mecanismos de flexibilidad, que son tres. El primero son las iniciativas de aplicación conjunta. Consisten en que un país invierte en otro en un proyecto de energía limpia. El país inversor obtiene certificados para reducir emisiones a un precio menor del que le habría costado en su ámbito nacional, y el país receptor de la inversión recibe la inversión y la tecnología.

También se permite el desarrollo de un comercio de derechos de emisión, que permitiría a países cuyos derechos excedan su capacidad o sus necesidades de emisión, venderlos a otros que tengan más necesidad de ellos. No obstante, dado que para comerciar con derechos se tiene que cumplir con los objetivos fijados en los acuerdos, y a que la mayoría de los países no los están cumpliendo, es un mecanismo que previsiblemente tendrá poco desarrollo.

El tercer instrumento son los llamados mecanismos de desarrollo limpio. Son como las iniciativas de aplicación conjunta, pero en este caso el país receptor de la inversión está en vías de desarrollo. De este modo, se produce una traslación de las emisiones, que ya no se producen en el país desarrollado, sino en otro más pobre. Las emisiones que no se producen en el país desarrollado se recogen en un certificado, que se puede intercambiar por derechos de emisión.