En el año largo transcurrido desde el anterior debate sobre el estado de la nación, el crecimiento ha continuado ralentizándose, con los sectores industrial y exportador más afectados que el resto. El equilibrio todavía no se ha alcanzado y la recuperación no se atisba. Un juicio global sobre la actividad gubernamental en este periodo es, como siempre, difícil. Por ello, al igual que hice el pasado año, lo mejor es distinguir entre los aspectos positivos y negativos de dicha actividad.

Lo positivo

En este periodo lo positivo es abrumadoramente más significativo que lo negativo.

En primer lugar, se ha alcanzado el equilibrio presupuestario en el conjunto de las administraciones públicas, mientras los déficit se disparan en Alemania, Francia, Italia y Portugal. No sólo eso. El equilibrio de las cuentas públicas está, ahora, garantizado por ley, tras concluir la transferencia de la inmensa mayoría de las competencias a las autonomías y el acuerdo fiscal con estas. Ser capaces de mantener el equilibrio creciendo al 2,4 % e invirtiendo cerca del 4% del PIB es un logro que pasará a la historia, como pasó la reforma de Fernández Villaverde a comienzos del siglo XX.

En segundo lugar, hay que destacar el intensísimo proceso de aumento de cotizantes de la seguridad social, que alcanzan hoy los 16,3 millones, con tasas de crecimiento que contrastan con el relativamente débil aumento de la producción. En este cambio -antes la economía española sólo creaba empleo cuando crecía a más de 3%- debe estar jugando un papel crítico la contratación de inmigrantes, que aceptan salarios más bajos que los españoles, por las economías externas que les suponen.

En tercer lugar, hay que mencionar que, finalmente, el Gobierno ha ido adelante con una de las reformas pendientes en el mercado de trabajo, la de las prestaciones sociales. Se ha puesto límite temporal al PER en Andalucía y Extremadura y se han eliminado los salarios de tramitación. Además, se han adoptado otras medidas que favorecen, sobre todo, el trabajo de la mujer casada y con hijos, el colectivo más afectado por el desempleo. La huelga general es una anécdota, porque la decisión de llevarla a cabo fue política e independiente de la reforma.

Finalmente, subrayar que tenemos un nuevo sistema de cálculo del IPC y del empleo y desempleo, la encuesta de población activa. Según esta última, la tasa de paro se sitúa en torno al 11% -casi el promedio europeo-, hay aproximadamente un millón de ocupados más de los que reflejaba la anterior encuesta y estamos más cerca de la verdad en la contabilización de desempleados. Curiosamente, como los nuevos índices de inflación y EPA han coincidido con aumentos de la primera y menor creación de empleo, la inepta oposición socialista, tras proclamar la manipulación gubernamental en un primer momento, ha olvidado y aceptado el enorme cambio estadístistico que supone la renovación de ambos índices.

Lo negativo

Poco -cuantitativamente no cualitativamente- que señalar en este apartado. Quizá, en primer lugar, que se ha vuelto a aplazar la reforma de los convenios colectivos, reforma paralizada a cambio de un año de moderación salarial, en un momento en que nuestra inflación vuelve a subir de nivel.

En lo que se refiere a la inflación, no considero que sea responsabilidad del Gobierno. Los bajos tipos de interés y nuestra competitividad en precios -en relación con los otros miembros de la Unión Monetaria- hacen inevitable que nuestra tasa de inflación sea superior a la del promedio europeo. Las responsabilidades hay que exigírselas al euro y al Banco Central Europeo.

Finalmente, recordar la lentitud de reflejos del gobierno en el caso Gescartera. Esta escándalo se cerró, sorprendentemente, con la creación de un fondo de garantía de inversores de carácter retroactivo, para compensar a los que habían invertido en Gescartera -con rentabilidades insólitas y notable irresponsabilidad- y en AVA, la agencia zaragozana, varios años antes. No creo que hubiera responsabilidad de Rodrigo Rato y sí un mal funcionamiento de la CNMV, que falló en todas sus instancias, la inspección, el orden jurídico, el consejo y su presidencia.

VOLVER