Tras el aplazamiento del fallo por parte del Alto Tribunal en la demanda presentada por el juez jubilado Manuel García Castellón —quien acusa a Ione Belarra de una presunta "intromisión ilegítima en el derecho al honor" por haberle calificado de "corrupto" y le reclama 240.000 euros en concepto de indemnización—, la líder de Podemos ha vuelto a la carga. Lejos de mostrar arrepentimiento o moderar su discurso, ha reiterado sus acusaciones desde el Congreso de los Diputados, en un gesto que supone un abierto desafío a la justicia.

Ione Belarra sostiene que tachar de "corrupto" a García Castellón no constituye una mera opinión, sino una afirmación respaldada por la verdad. Al mismo tiempo, acusa al magistrado de iniciar una "guerra sucia" contra su formación política, señalando que ha abusado de su posición judicial para emprender una persecución contra los adversarios del Partido Popular. Según la líder de Podemos, quien debería ser juzgado por sus actos durante su carrera profesional es precisamente García Castellón, no ella, quien únicamente ha expresado "la verdad" sobre el juez.

En cualquier caso, la líder de Podemos sostiene que se encuentra plenamente amparada por la inviolabilidad parlamentaria. Invoca el artículo 10 del Estatuto del Diputado, que garantiza la irresponsabilidad por "la expresión de sus opiniones" tanto durante el ejercicio de su cargo como con posterioridad al mismo, defendiendo así su derecho a manifestar sus posiciones e insultar sin temor a represalias legales.

En estos términos, ha expresado su respaldo a su compañera de partido, Irene Montero, a través de las redes sociales:

La líder de Podemos reitera su ofensiva contra el poder judicial, al que acusa, en términos rotundos, de tener como objetivo "amedrentar y silenciar" a su formación política.