En plena sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, los "comunes" de Ada Colau (insertos en la plataforma Sumar) y los partidos independentistas Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han aprobado en el Ayuntamiento de Barcelona una propuesta para quedarse con los edificios de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana, el cuartel del Bruch, el palacio Muntaner (actual sede de la Delegación del Gobierno), el Banco de España, los antiguos juzgados, la Aduana de Barcelona y la antigua Tesorería de la Seguridad Social.
Se trata de edificios históricos, algunos de ellos tan singulares como el palacete modernista que ocupa la Delegación del Gobierno o la Aduana de Barcelona, de un enorme valor artístico, histórico y patrimonial que la extrema izquierda y los separatistas pretenden expoliar con el argumento de que están en desuso o en un nivel menor de utilización. Aseguran por ejemplo que la Jefatura de la Vía Layetana, que alberga oficinas y servicios del Cuerpo Nacional de Policía, no es necesaria para la seguridad de la ciudad o que el Ejército debe abandonar Cataluña y en consecuencia, el cuartel del Bruch.
El texto aprobado con los votos a favor de los citados partidos es el siguiente: "La Comisión de Economía y Hacienda insta al Gobierno municipal y la Generalidad de Cataluña a la creación de una mesa de seguimiento con participación de los grupos municipales y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona para incidir en la comisión entre el Gobierno del Estado y la Generalidad sobre la cesión de los inmuebles titularidad del Estado y proponemos la cesión al Ayuntamiento de Barcelona de los Antiguos Juzgados, el Banco de España, la Aduana de Barcelona, la Jefatura Superior del CNP, la antigua Tesorería de la Seguridad Social, el Palacio Muntaner y el cuartel del Bruch".
El compromiso del PSOE con ERC
Es decir, que tienen prisa porque se reanude la mesa de negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña en la que se tiene que materializar uno de los acuerdos suscritos entre el PSOE y ERC para investir al líder socialista. Y es que en el anexo número 2 del documento, titulado "Acuerdo entre el PSOE y ERC para una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Cataluña", se establece bajo el epígrafe "Inmuebles" que "se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y a desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario, entre las dos administraciones, para ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público".
El teniente de alcalde de Economía, el socialista Jordi Valls trató de calmar los enardecidos ánimos de los concejales independentistas y pidió esperar a la constitución del nuevo Gobierno y de la mesa que tiene que dar curso a los acuerdos de PSOE y ERC. Los independentistas han replicado que hay prisa por obtener la titularidad municipal de esos edificios aduciendo la falta de vivienda social y que es urgente dedicar la Jefatura a un museo de la "memoria" en el que se reflejen las torturas policiales durante el franquismo.
Tanto la izquierda como el independentismo llevan más de una década reclamando el traspaso de la Jefatura Superior de la Policía, convertido en el emblema político de una supuesta ocupación colonial de Cataluña por parte de España. Ese objetivo quedó plasmado en el "Libro blanco de la Transición Nacional", la "hoja de ruta" supuestamente institucional del proceso separatista, un documento encargado por la Generalidad a un grupo de notables catalanistas en el que quedaron recogidas todas las propiedades del Estado que pasarían a ser propiedad de una república catalana una vez proclamada la independencia.
ERC arrancó al PSOE el compromiso de ceder el patrimonio inmobiliario del Estado en las negociaciones para investir a Sánchez y tanto los "comunes" de Colau como los dos partidos independentistas exigen que el traspaso se haga con carácter urgente, en un plazo de meses.