Junts exige a Sánchez garantías de que la Justicia europea no tumbará la ley de amnistía antes de confirmar su apoyo

Un motivo de preocupación ha surgido en la mente de Carles Puigdemont. La posibilidad de conceder el apoyo a Pedro Sánchez para la investidura y que, tras ello, una decisión judicial europea pueda tumbar lo pactado, es decir, la ley de amnistía. Y es que, efectivamente, los jueces que tengan que aplicar la futura ley orgánica de amnistía podrían elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en caso de que esa norma acabe violando la cláusula del Estado de Derecho 2 del tratado de la UE y de los derechos de Unión. Y, efectivamente, eso tiene pinta de poder ocurrir.

El razonamiento jurídico es sencillo. La ley de amnistía de 1977 e incluso la proposición de ley de 2021 señalaba que la aplicación de la ley de amnistía a cada caso concreto, por ejemplo, el de Carles Puigdemont, corresponde a los jueces y tribunales que conocen cada caso particular. La misma proposición de ley de 2021 presentada por ERC, JUNTS y PDeCat recogía sin matices esta premisa en su artículo 4. Y eso implica que ese juez tendría capacidad para plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional antes de decidir -cuestión que dirimiría el órgano controlado por Cándido Conde Pumpido- pero también otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE -no controlado por Conde Pumpido ni ningún jurista similar-.

Vulneración de la legislación europea

Ignacio Ulloa, exjuez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), tuvo ocasión de aclarar su postura recientemente sobre este asunto en un foro celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid. Y allí señaló que "donde hay una mayor contravención en el derecho de la UE se encuentra en la cláusula del Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la UE donde se definen los principios nucleares jurídicos en los que se asienta la UE". Ese artículo señala que "la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". Y esa amnistía entraría en colisión con el principio de igualdad -está diseñada para un colectivo concreto al que necesita Pedro Sánchez para obtener su investidura como presidente- y de estado de derecho -basado en una seguridad jurídica que quedaría automáticamente quebrada-.

Y es que, como se señaló en ese mismo foro, el principio del imperio de la ley, exige el principio de seguridad jurídica, de interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos, de elusión de todo comportamiento arbitrario de todos los poderes del Estado y de igualdad. Es más, la vulneración de la legislación europea se plasmaría igualmente en la lucha de la UE contra la malversación, que exige que la malversación de caudales públicos esté penada sin excepciones.

El "encaje constitucional"

Y esta posibilidad de tumbar la amnistía se ha colado en las negociaciones entre Sánchez y Puigdemont. Porque el acuerdo de objetivos es pleno entre ambas formaciones. Pero el problema para terminar de cerrar el acuerdo definitivo -que se encuentra muy avanzado- es puramente jurídico: de encaje bajo la actual Constitución y la legislación europea. Y es que los primeros que saben que ambas medidas son inconstitucionales e ilegales son los propios equipos negociadores.

La amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo saben los negociadores de Sánchez, pero siguen negociando. Esa es la realidad. Y, de hecho, el obstáculo de "encaje constitucional" se ha convertido en el último escollo de un acuerdo que, a nivel meramente político, cuenta ya con la venia de ambas formaciones -PSOE y Junts-. "El problema es que Junts no se fía de la capacidad real del Gobierno para retorcer la Constitución hasta el punto de encajar una amnistía que es netamente inconstitucional", explica a LD una fuentes conocedora de la evolución de las negociaciones. Y si ese es el estado del "encaje" de la amnistía, qué decir de una "consulta o referéndum separatistas que supondría aceptar ya de facto una autodeterminación negada en pleno por la Constitución Española. Y, efectivamente, si el análisis se amplía a la legislación de la UE, el problema es doble.