El personal del Parlamento de Cataluña no soporta a la presidenta de la cámara, Laura Borràs, a quien acusan de mentir en el caso de las llamadas "licencias por edad" (cobrar sin ir a trabajar a partir de los sesenta años) y en el de la retirada del escaño al cupero Pau Juvillà. Borràs trata de vender a medios y afines que fue ella quien eliminó las "licencias por edad" y atribuye al "miedo" de los funcionarios que se cumpliera la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar a Juvillà la condición de diputado.
Los funcionarios, por su parte, alegan que en el caso de las "licencias por edad", se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y la dirección de la cámara el pasado mes de diciembre en el que se reducía el periodo de cobrar sin trabajar de cinco a tres años. Tal acuerdo se aprobó en la mesa del Parlament con el concurso de todos los partidos, pero la publicación de tales condiciones de jubilación provocó que Borràs adoptara la decisión de romper el acuerdo y decretar la eliminación completa de estas jubilaciones.
En una nota emitida por el Colectivo Ronda, el despacho de abogados laboralistas más prestigioso de Cataluña, y de la que ha informado el digital independentista El Nacional, se apunta que "se convierte en papel mojado el principio de negociación colectiva y el derecho de la libertad sindical". El comunicado advierte además de que "el problema no es y no ha sido nunca la supresión de la licencia, pero es intolerable que la misma mesa del Parlament, que todavía no hace dos meses aprobaba esta modificación, ahora actúe de manera unilateral para eliminar las licencias, ignorando la obligación de negociación y consulta".
Respecto a la retirada del escaño a la CUP, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, trató de echar las culpas a los funcionarios, que según su última versión de los hechos habrían actuado por su cuenta y siguiendo las instrucciones de la secretaria general de la cámara (nombrada, por cierto, por la propia Borràs", un hecho que la dirigente de Junts per Catalunya (JxCat), calificó de "inadmisible".
Los funcionarios rebaten esa versión y aseguran que "todas las afirmaciones que se han hecho estos días contra los funcionarios del Parlament forman parte de una batalla política que no tiene nada que ver con nosotros y que no se ajustan a la verdad".