La rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros volvió a romper su neutralidad con el resto de administraciones para arremeter contra un posible pacto de Gobierno en Castilla y León. Tanto los ministros de Podemos como los del PSOE se han mostrado muy críticos ante el primer ejecutivo autonómico de coalición entre PP y Vox. "Vamos a estar muy atentos a que no se produzca ningún retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos", decía la portavoz, Isabel Rodríguez.
El Ejecutivo rompía su neutralidad en varias ocasiones aunque reconocía "que no le corresponde pronunciarse sobre la conformación de un gobierno autonómico". Tras esta frase, Isabel Rodríguez inmediatamente añadía que "los derechos y libertades no pueden ser nunca moneda de cambio en la conformación de ningún Gobierno".
Más aguerrida era la ministra de Igualdad, Irene Montero, que descalificaba en varias ocasiones a la oposición. "No creen en los derechos de las mujeres, no creen los derechos LGTB. No sé en qué derechos creen", se lamentaba. La receta de la cartera morada para "frenar a los antidemócratas, a la extrema derecha y a la derecha" es hacer "políticas decididas que garanticen los derechos de las mujeres y las personas LGTBI". "No hay mejor antídoto, no hay mejor cordón sanitario para la extrema derecha, para los que quieren destruir nuestra democracia", recetaba Montero. En La Moncloa aseguran que estarán "vigilantes" desde el minuto uno de este hipotético Gobierno.
Preparados para actuar
Fuentes del Gobierno aseguran que estar preparados para actuar con todos los mecanismos legales a su alcance como serían los recursos ante el Tribunal Constitucional. "El Estado tiene herramientas para actuar", advierten a Alfonso Fernández Mañueco. En concreto, el Ejecutivo pone dos líneas rojas: el PIN parental y la ley contra la violencia de género. En el caso de la educación, La Moncloa ya actuó contra el Gobierno murciano y piensa hacer lo mismo contra el Ejecutivo de Castilla y León si, llegado el caso, decreta una herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas.
Al Gobierno también le preocupa la Ley contra de Violencia de Género. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recordaba que el PP se sumó al último pacto de Estado en esta materia y advertía a Génova: "El PP tiene que seguir jugando en la cancha de juego de la democracia, que es seguir jugando en la cancha de juego de los derechos de las mujeres".
Desde su Ministerio recuerdan que el pacto, que tenía una vigencia de cinco años, se actualizó a finales del año pasado para "darle una vigencia permanente". "Fue muy importante para el Gobierno de España actualizar ese pacto", añadía Montero elogiando a las fuerzas que participaron. El Ejecutivo teme que, si el PP pacta con Vox, ese acuerdo quede afectado ya que derogar la norma es una de las condiciones que García Gallardo ha puesto para investir a Alfonso Fernández Mañueco.