La Fiscalía Anticorrupción investigará las subvenciones concedidas y los contratos firmados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con entidades del entorno podemita catalán como el Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), Ingenieros Sin Fronteras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Alianza contra la Pobreza Energética.
A diferencia de lo que ocurrió con la querella de los Abogados Constitucionalista, que fue rechazada por la Fiscalía de Barcelona, esta vez no será un fiscal de la capital catalana quien asuma las indagaciones sobre las supuestas prácticas ilegales y corruptas de Colau, sino la Fiscalía Anticorrupción, a la que se ha dado traslado de la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en la que se acusa a la dirigente podemita de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
La intención al llevar la investigación a Madrid es preservarla de la posible "contaminación" por proximidad del entorno de la alcaldesa. La primera providencia de Anticorrupción será analizar el archivo ejecutado hace unos meses por la Fiscalía en Barcelona.
Las denuncias contra Colau se fundamentan en la concesión de partidas económicas sin convenios públicos a las citadas entidades y en el hecho de que importantes dirigentes de los comunes, como Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello, trabajaron en el Observatorio DESC antes de dar el salto a la política institucional. También se sospecha que el objeto de los contratos, estudios diversos sobre aspectos marginales de política ambiental en Perú o Mozambique, ocultan en realidad la financiación de dichas entidades.
Al margen de lo que se sustancie en la Fiscalía Anticorrupción, Colau deberá declarar el próximo 4 de marzo ante el magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero, titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona.
La alcaldesa ha reaccionado de forma airada ante las imputaciones y se niega a dimitir, a pesar del código ético de su partido y de que antes de conquistar la alcaldía de Barcelona por primera vez había declarado estar dispuesta a montar una consulta ciudadana para determinar si debía abandonar el cargo en caso de ser imputada.