Cuando faltaban 48 horas para Nochebuena, con la incidencia en 748 casos, Pedro Sánchez convocó la conferencia de Presidentes. Se trató de una reunión telemática en la que la única decisión importante fue la de decretar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores.
Tanto Sánchez como su personal de La Moncloa aseguraron que las reuniones se producirían cada 10 días para ir evaluando la pandemia. Incluso pusieron fecha a la siguiente: la semana de Reyes. Sin embargo, ningún presidente autonómico ha recibido ninguna notificación pese a que los diez días se cumplieron el lunes 3 de enero.
La única reunión que estaba marcada previamente, e iba a ser en La Palma, ha sido pospuesta a febrero. Aunque esta Conferencia de Presidentes, que está preparando desde comienzos de diciembre el Ministerio de Política Territorial, va a tener otros objetivos y será presencial.
Ahora, dos semanas después de aquella conferencia telemática, con la incidencia en 2.433 casos, los Gobierno autonómicos denuncian que "ni ha estado, ni está, ni le esperamos". En el Ejecutivo de Sánchez descargan la responsabilidad y afirman que basta con la reunión sectorial de esta semana, en la que no estuvo Sánchez, y sólo se trató la vuelta a las aulas.
Indignación en las CCAA
Aunque ómicron no causa tantos ingresos hospitalarios, ni ocupa tantas camas de UCI, a los Gobiernos autonómicos les está generando una importante sangría económica debido a las bajas por enfermedad en personal público. En el Gobierno de Castilla y León, en declaraciones a LD, disparan contra el Ejecutivo central: "nos deja sin el fondo COVID para hacer frente a los sobrecostes que genera la pandemia en los servicios públicos". En referencia al Gobierno de Sánchez añaden que "ni ha estado, ni está, ni se le espera".
Fuentes próximas a Alfonso Fernández Mañueco ponen como ejemplo que han mantenido 1.300 profesores de refuerzo. Tampoco en Madrid saben "nada" de las contrataciones en personal que les prometió Sánchez. Las autonomías del PP creen que Sánchez les "ha dejado tirados en la gestión" de la sexta ola y piden una ley de pandemias para poder actuar de forma ágil y eficaz.
Desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso se limitan a señalan que lo primero debería ser "avanzar en posibles soluciones acordadas en la pasada conferencia de presidentes y cumplir con los plazos para dar una respuesta a la ciudadanía". Pero, de momento, siguen sin saber nada.