Irene Montero quiere incluir la gestación subrogada y la "violencia obstétrica" como violencia contra la mujer

Los médicos que incurran en mala praxis durante el embarazo, el parto o el puerperio podrán ser condenados por violencia contra la mujer si prospera la ley del aborto que está ultimando Irene Montero. Desde el Ministerio de Igualdad defienden que "se ha hecho un proceso participativo en toda España y con las organizaciones sanitarias".

Desde el entorno de Irene Montero citan a la OMS y afirman que nuestro país ha sido señalado por "violencia obstétrica". Sin embargo, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia consideran "inapropiado, tendencioso e injusto" hablar de "violencia obstétrica".

La norma, que va a ser remitida en breve a los socios del Gobierno, también quiere incluir como violencia la gestación subrogada. "El acuerdo de Gobierno entre los socios es bastante claro de lo que hay que hacer y unánime. Recordar que los vientres de alquiler no se pueden llevar a cabo en España", añaden desde Igualdad aunque, de momento, descartan penalizar a los que realicen esta práctica en el extranjero.

España se convertirá así en uno de los países más restrictivos contra la gestación subrogada frente a Portugal, donde se ha aprobado en noviembre, o Israel, que lo ha aprobado esta semana sumándose a países como Estados Unidos o Canadá donde es una práctica habitual desde hace años.

Sin consentimiento paterno

La gestación subrogada es uno de los puntos de acuerdo entre el PSOE y Podemos al igual que permitir que las menores de 18 años aborten sin consentimiento paterno. Esto ya se incluía en la ley Aído, pero fue modificado en 2015 por el Gobierno de Rajoy. Ahora, Montero da otra vuelta de tuerca y recupera la legislación de Zapatero.

El Ministerio de Igualdad, con el respaldo del PSOE, quiere permitir que las adolescentes de 16 y 17 años aborten sin informar a sus padres .La actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que está en vigor, permite el aborto libre durante las primeras 14 semanas. Hasta la semana 22 se puede llevar a cabo si hay riesgo para la salud de la madre o hay de anomalías graves en el feto.

Sin acuerdo en el derecho a la objeción

A falta de que se debata el borrador entre los dos socios de Gobierno, antes de llegar al Consejo de Ministros, hay un punto que enfrenta a ambos partidos: Montero quiere crear un listado de los objetores que se niegan a practicar abortos.

Sanidad ya ha afirmado que está en contra. Carolina Darias ha afirmado en varias ocasiones que está en contra de regular el derecho de conciencia de los sanitarios para no practicar abortos. Incluso pidió respetar "ambos derechos". Sin embargo, la Ley de la Eutanasia sí contempla una registro previo de todos aquellos médicos que no quieren ejercerla.