Tras la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 27 de noviembre, policías y guardias civiles se sienten más legitimados que nunca para seguir adelante con su particular lucha contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Las asociaciones mayoritarias de ambos cuerpos insisten en que la reforma promovida por el Gobierno no es más que un auténtico "despropósito" y advierten de que sólo servirá para prender fuego a la calle.
"Es una hoja en blanco a los antisistema -denuncia el portavoz de Jucil, Agustín Leal-. Esto no se ha visto en ningún país serio y democrático de la Unión Europea. Por eso decimos que están entregando la seguridad de los españoles a cambio de cuotas de poder. Así de duro".
El Gobierno se escuda en que el mandato viene de Europa. Sin embargo, Leal rechaza cualquier excusa en este sentido. "El Consejo de Europa no le dice al Gobierno que hay que echar abajo la ley. Le dice que necesita algunas correcciones, pero no les pide que prohíban el uso de las pelotas de goma, ni que quiten el carácter de agentes de autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni que permitan difundir imágenes de forma viral de los rostros de los policías que intervienen en determinados sucesos para que luego sean acosados en su vida privada".
Sin presunción de veracidad
De todas las "aberraciones" que el portavoz de Jucil pone sobre la mesa, la que más duele a los agentes es probablemente la de arrebatarles su presunción de veracidad. "Van a dejar la palabra de un policía y un guardia civil a la altura de la de un delincuente", lamenta. A su juicio, no hay razones para ello, ya que, afortunadamente, España cuenta con suficientes garantías procesales: "El atestado lo tiene que ver y ratificar un juez y, si nosotros nos equivocamos, ya sea sin querer o de mala fe, te puedo asegurar que nos va a castigar".
Desde Jupol, Pablo Pérez comparte su indignación. Más aún cuando el PSOE ha tratado de salir al paso diciendo que dicha presunción de veracidad se seguirá manteniendo siempre que sea lógica o razonable. "¿Quieren decir que hasta ahora nuestros atestados y nuestras propuestas no eran lógicas ni razonables? -se pregunta el portavoz de la asociación mayoritaria de la Policía-. Es algo surrealista, que es la palabra que más me sale cada vez que leo las enmiendas".
Manifestaciones sin previo aviso
Sin embargo, más allá de lo estrictamente personal, son muchos los apartados de la reforma que, según denuncian, podrían comprometer la seguridad de todos los españoles. Para empezar, el hecho de que se permitan manifestaciones sin previa comunicación. "Hemos advertido por activa y por pasiva de que no sólo va a poner en riesgo la integridad física de nuestros compañeros, sino del resto de la ciudadanía", insiste el portavoz de Jupol.
"Si se torna en violenta -apostilla su compañero de Jucil-, no va a haber medios antidisturbios que puedan impedir que saqueen comercios, que prendan fuego a la calle o que destrocen mobiliario urbano como ha ocurrido recientemente en Cataluña". Y eso por no hablar de cosas más graves. "Hemos visto agentes que se han tenido que jubilar porque en los disturbios de hace unos años les tiraron adoquines, baldosas y hasta bombonas desde las azoteas. Tú no puedes convocar una manifestación sin comunicarla previamente", se reafirma Agustín Leal.
Las pelotas de goma
Tampoco entienden por qué, a la hora de defenderse, se les prohíbe usar pelotas de goma: "No son un arma de ataque, jamás se han usado contra manifestantes pacíficos", argumenta el portavoz de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, que explica que simplemente se usan para mantener alejados a los violentos de la línea policial. En este sentido, Leal recuerda que, también en Barcelona, los radicales llegaron a arrojar cócteles molotov "contra un coche patrulla de la Guardia Urbana con dos agentes dentro y no los quemaron vivos de milagro".
Así, se quejan de que a ellos se les ata de pies y manos, mientras a los violentos se les consiente todo. Hasta cegar a los agentes con haces de luz, denuncia Leal, siempre y cuando no se demuestre que es para hacerles daño. "Es decir, que yo puedo ir de patrulla conduciendo un coche, me encuentro con una concentración ilegal y me pueden cegar y puedo tener un accidente o atropellarlos, y luego soy yo el que tiene que demostrar que lo han hecho de mala fe. Todas esas aberraciones están en estas enmiendas", denuncia notablemente indignado.
La difusión de imágenes
La lista parece interminable, pero si hay otro punto de la reforma que les cabrea tanto o más, es el relativo a la difusión de las imágenes de los agentes. "No estamos hablando de las que graba la prensa porque, gracias a Dios, todavía hay libertad de información -explica el portavoz de Jucil-. Estamos hablando de las imágenes que difunden y hacen virales para que luego los agentes y sus familias sean acosados en su vida privada".
Desgraciadamente, Agustín Leal no habla por hablar, sino que son muchos los casos que conoce. "Te puedo contar el de un compañero de La Línea de la Concepción que tuvo una intervención por narcotráfico, le sacaron una foto, la divulgaron en redes sociales y le empezaron a acosar a él, a su mujer y a sus hijos, hasta el punto de que los ha tenido que cambiar de colegio y toda la familia ha tenido que cambiar de casa. Y eso mismo ocurre en Cataluña y en muchas partes del territorio nacional", advierte.
Adiós al turismo
Los puntos controvertidos son, en definitiva, muchos y muy diversos. Por eso, los agentes no entienden cómo se puede tolerar. "Quizás cuando no se pueda garantizar la seguridad, cuando España deje de ser un país seguro y los turistas escojan otros países, cambien de opinión", opina Pablo Pérez.
En este sentido, Agustín Leal nos pide una vez más que pensemos en lo que está ocurriendo en Barcelona: "Están perdiendo muchísimo dinero, porque mandan un mensaje de ciudad insegura: comercios arrasados, calles incendiadas, mobiliario urbano destrozado… Eso sale en las noticias. Y no solo en España, sino en toda Europa. Por eso, lo que queremos que la gente vea es que, en caso de aprobarse esto, el futuro es la Barcelona de Colau, con todo lo que está ocurriendo allí y con todas las carencias que han provocado en materia de seguridad".
De ahí el contundente mensaje que envían a la población: "Si estas enmiendas salen adelante, los más perjudicados en primera instancia vamos a ser los hombres y mujeres de uniforme y nuestras familias, porque nos están desarmando frente a los violentos, pero el verdadero rehén de toda esa gentuza va a ser el pueblo español".
Sin equiparación salarial
Junto a la reforma de La Ley de Seguridad de Ciudadana, los agentes reprochan al Gobierno la falta de personal y la incumplida equiparación salarial con otros cuerpos. "Es verdad que ha sido la mayor subida desde hace mucho tiempo, pero no deja de ser eso: una subida de sueldo. Todavía hay una brecha que ronda los 6.000 o 7.000 euros de diferencia entre un policía autonómico y un policía nacional o un guardia civil", advierte el portavoz de Jupol.
Además, Leal recuerda que el incremento aprobado ni siquiera es mérito de PSOE y Podemos. "No ha sido este Gobierno el que nos ha subido el sueldo, sino un acuerdo firmado por el anterior Gobierno del Partido Popular con el que ellos no estaban de acuerdo".
Marlaska, un ministro "escondido"
En medio de este clima, preguntarles por su ministro, Fernando Grande Marlaska, es como echar sal a las heridas. De sus palabras se desprende indignación y decepción a partes iguales. "No ha sabido estar a la altura, no ha dado la cara, ha estado escondido y no nos ha defendido", lamenta Pablo Pérez.
Agustín Leal no da abasto para enumerar todas las ocasiones perdidas. Desde el día en que una diputada de ERC les llamó "de todo" desde la tribuna del Congreso y él no dijo nada, hasta cuando empezó la vacunación en Cataluña y la Generalitat se negó a inmunizar a policías y guardias civiles, y él se limitó a decir que era "una disfunción".
Precisamente por eso, la valoración que los agentes hacen del Gobierno en general y de su ministro en particular es tan dura. "Nos han dejado siempre a los pies de los caballos: seguridad por votos, seguridad por cuotas de poder, seguridad por sillones", lamenta Pérez, que concluye que Marlaska "pasará a la Historia como un ministro en blanco y negro".