El independentismo está encajando una severa derrota en el Colegio de Abogados de Barcelona, donde las tesis a favor de la desobediencia no encuentran demasiado acomodo. Una resolución de la sección de Derecho Constitucional en la que se manifestaba el repudio a que la Generalidad se resista a aplicar la sentencias del 25% de español en las aulas catalanas es el campo de batalla entre los letrados afines al separatismo y quienes están por el cumplimiento de las leyes y las sentencias.
Los abogados independentistas, comandados por Jaume Alonso-Cuevillas, que en el pasado, cuando era considerado más bien un "españolista", fue decano del Colegio sólo han conseguido poco más de doscientas firmas en contra del comunicado de la sección de Derecho Constitucional, un texto en el que se consideraba de "extrema gravedad" la reacción de las autoridades autonómicas de negarse a dar cumplimiento a la sentencia y al tiempo apoyar a la dirección de la escuela de Canet de Mar sin mencionar el acoso contra el niño de cinco años cuyos padres lograron el fallo judicial.
Concentración frente al Colegio
A favor de la nota de la sección de Derecho Constitucional se han posicionado ya casi 1.500 abogados a través de una iniciativa promovida entre otros por la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona Chantal Moll. Medio centenar de esos abogados ya han confirmado además que este jueves a las 12 horas participarán en un concentración para mostrar su apoyo a la sección de Derecho Constitucional ante la campaña de descalificaciones promovida por los medios de orientación separatista.
En el comunicado de la referida sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados se hacía constar que la negativa de la Generalidad a aplicar la sentencia "atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido".
En la nota se apuntaba además que "esta sección de Derecho Constitucional se ve en la obligación de hacer pública su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como lo es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica".
La contundencia del texto causó una notable ofuscación en la Generalidad y entre los letrados partidarios de la causa separatista, que de entrada emprendieron una campaña consistente en calificar de "fascistas" a los promotores del comunicado y a cuantos se adherían a él. Después llegó la recogida de firmas, contrarrestada con notable éxito por los constitucionalistas, dispuestos a impedir que el separatismo condicione y monopolice el Colegio de Abogados.