El Gobierno insiste en defender a Juana Rivas por encima incluso de los derechos del menor. Según el auto del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, uno de los hijos Rivas sufrió abusos sexuales mientras se encontraba bajo el cuidado y custodia de la madre. Por ese motivo, ha acordado que no procede suspender la pena de prisión de Rivas a pesar del indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros.
A pesar de que Rivas podría ser un "grave peligro para sus hijos", la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', ha criticado la decisión del juez, calificada como "violencia institucional" en un mensaje publicado en redes sociales y que ha compartido por la propia ministra de Igualdad, Irene Montero.
En el día de los DDHH es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del Indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido.
Es violencia institucional.
— Ángela Rodríguez Pam 🏳️🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) December 10, 2021
Estamos contigo, Juana.
'Pam' ha lamentado que la decisión se tome coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. "Es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido", ha escrito la secretaria de Estado.
Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que no se puede "imponer la ideología misógina" a la ley. "No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena", ha reiterado también en redes sociales.
No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena. No se puede imponer la ideología misógina a la ley. https://t.co/wQ4gxSUliL
— Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) December 10, 2021
"Extremar la sensibilidad"
Ante el escándalo relativo a los presuntos abusos sexuales que habría sufrido el hijo menor de Juana Rivas, el Gobierno se ha limitado a apelar este sábado a la opinión pública a que extreme la "sensibilidad" a la hora de informar sobre el caso y evitar utilizar la situación de los menores afectados, cuyas identidades son conocidas, lo que puede afectar a sus derechos fundamentales. "Este es un asunto que debe dirimirse en el ámbito judicial atendiendo al interés superior de los menores", han advertido a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
Asimismo, insisten en que el Ejecutivo ha hecho "lo que debía hacer" ante la concurrencia de "ineludibles y prioritarias razones de equidad" que debían "atenderse necesariamente" y recuerdan que la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo apostaron por un indulto parcial a Rivas al igual que casi un centenar de asociaciones de mujeres.
Sobre el durísimo auto del juez Piñar, el Gobierno apunta que no va a valorar dicha resolución del juez, aunque reconoce que "es su potestad acordar o denegar la suspensión de la pena de prisión".
"Juana está en mi casa"
Para el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, el caso de Juana Rivas ha servido para reivindicar lo que denominan "una perspectiva de género en la justicia", en un intento de politizar la justicia. La pretensión final, al igual que sucedió con el caso de Alberto Rodríguez, es cuestionar y anular las sentencias judiciales, bien a través de un informe de los letrados del Congreso, bien a través de un indulto concedido a pesar incluso de que la mujer pueda suponer "un peligro" para sus propios hijos, como en el caso de Rivas.
Lo que comenzó con la campaña mediática y política orquestada por la izquierda de "Juana está en mi casa", ha derivado en un acoso hacia el exmarido de Juana Rivas, que incluso ha tenido que demandar a Montero por un delito de injurias después de que la ministra comparase el caso de las niñas de Tenerife asesinadas por su padre con el caso de Rivas.