El caso de Juana Rivas estalló a nivel mediático y político el pasado 26 de julio de 2017. Ella se había traído a sus dos hijos a España sin permiso del padre, Francesco Arcuri, que tenía la custodia según una sentencia judicial. Se suponía que ese 26 de julio, la mujer debía entregar a los niños, pero Rivas no se presentó y desapareció junto a sus dos hijos.
Antes de todo aquello, mal asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena dirigido por Francisca Granados, Rivas denunció a su exmarido por malos tratos en 2016 con el objetivo de obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España, según reconoció la propia sentencia judicial de 2018. También recogió firmas por su causa junto a Vanessa Skewes en enero de 2017, acusada de presentar denuncias por violencia de género falsas contra su exmarido.
A pesar de que existía un informe psicológico que alertaba de la "gran capacidad manipuladora" de Juana y de su incapacidad para "procesar sus experiencias", dos factores que la hacían "totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos", se orquestó una campaña mediática destinada a presentar a Rivas, no como una secuestradora desequilibrada, sino como una mujer que huye del terror para proteger a sus hijos.
Y así permaneció escondida con la ayuda de organizaciones feministas radicales que pusieron en circulación el eslógan "Juana está en mi casa". "Hola, Juana. No sé dónde estás, pero si lees esto quiero que sepas que puedes contar conmigo para esconder a tus hijos. Seguro que con muchas otras mujeres", es alguno de los mensajes que llegaron a las plataformas creadas para mostrar el apoyo a la mujer.
Además de todas las movilizaciones que pedían la custodia de los menores para Rivas, los políticos también se involucraron. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que había que "ponerse en el lugar de esta madre". En declaraciones a los medios señaló: "Un matrimonio ha tenido que irse a Italia, ha tenido que volver, ella ha sido dos veces agredida, su marido ha sido condenado por los tribunales... A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás".
También Susana Díaz, que en aquel entonces era presidenta de la Junta de Andalucía, ofreció apoyo legal a la madre, así como Teresa Rodríguez, que ofrecía todo su "corazón" por la "lucha contra las violencias machistas" de Juana Rivas.
Finalmente a Juana la detuvieron casi un mes más tarde, el 22 de agosto. Y un año más tarde, en julio de 2018, fue condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad y 30.000 euros de indemnización a su expareja. Y a pesar de que en 2019, se archivaron las ocho denuncias por maltrato contra Arcuri con una resolución judicial en la que se afirma que Rivas habría empleado a sus hijos como "escudos humanos", a los que habría "manipulado psicológicamente para oponerse a su padre", la campaña de la izquierda, en este caso para pedir el indulto, siguió adelante.
El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, no tardó en utilizar el caso de Juana Rivas para reivindicar lo que denominan "una perspectiva de género en la justicia", y que en realidad es un intento de politizar la justicia o directamente la intención de anular las sentencias judiciales por la vía del indulto. La segunda consecuencia es la criminalización de cualquier acusado de violencia de género, que en el caso Rivas ha llegado incluso a una demanda por parte de Arcuri contra Irene Montero por un delito de injurias, después de que la ministra le comparase con el padre que asesinó a sus hijas en Tenerife.
Todos aquellos que en su día participaron en la campaña "Juana está en mi casa", por el momento guardan silencio ahora que se ha desvelado que uno de los hijos Rivas sufrió abusos sexuales mientras se encontraba bajo el cuidado y custodia de la madre. Todos, excepto los miembros de Podemos, que insisten en defender a Rivas por ser mujer, por encima incluso de los derechos y la protección de los menores.