El grupo Vox en el Congreso y la fundación del partido, Disenso, han emprendido una ofensiva conjunta en defensa del español, coincidiendo con la amenaza de ERC de dejar caer los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez en el Senado, si no impone una cuota de catalán a plataformas como Netflix, a través de la Ley Audiovisual aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.
Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a emitir una sentencia en favor del español como lengua vehicular en Cataluña, y tras la amenaza del Gobierno catalán de no acatarla, el partido de Santiago Abascal ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento para reclamar al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en esta comunidad y obligue a la Generalidad a hacer efectivo el fallo.
En la propuesta denuncian que "autoridades regionales usan la lengua, no como herramienta de comunicación, sino como elemento de división y enfrentamiento" para "arrinconar la riqueza lingüística" de España y "perjudicar a los castellano-hablantes". "Quienes tienen el español como lengua materna son convertidos en españoles de segunda", critica el partido en el texto registrado esta semana en el Congreso.
La lengua como herramienta del separatismo
En paralelo, la fundación Disenso publica esta tarde un informe bajo el título "El español en el actual Estado de las Autonomías", que defiende la necesidad de "fortalecerlo ante la persecución que sufre". En él, acusan a los separatistas de no utilizar siquiera el término "español", sustituyéndolo en el mejor de los casos por el de "castellano", con la pretensión de "situar la lengua regional en pie de igualdad formal y jurídica" a la lengua común de todos los españoles.
El análisis, de 56 páginas, hace una profunda defensa del español, remontándose a sus orígenes y haciendo un repaso por su Historia, concluyendo que "es la segunda lengua por número de hablantes nativos, sólo por detrás del chino mandarín, y la tercera en cómputo global de hablantes", lo que la convierte en "el principal producto y patrimonio internacional del que disponemos". Un "activo inmaterial de enorme interés público".
El Estado de las Autonomías como problema
Disenso denuncia en este informe que "las lenguas se convierten, en muchos casos, en herramientas al servicio de importantes movimientos ideológicos, esencialmente de corte nacionalista, que las instrumentalizan para sus intereses políticos". Apelando a la Constitución, ponen de relieve que "sólo se establece constitucionalmente el deber de conocer el idioma español", no así del resto de lenguas regionales.
Entre los problemas que aborda el documento está el tratamiento del español en determinadas comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares o Galicia, a las que acusa de utilizar el idioma como arma de división social, concluyendo que en estas regiones, donde se hablan lenguas que son también españolas y forman parte del activo cultural de nuestro país, se emplean, sin embargo, con fines políticos.
Especialmente crítico se muestra con el Estado por su dejación de funciones a la hora de defender la lengua común de todos los españoles, reclamando que se imponga, si es necesario, el criterio en defensa de la nación por cualquier vía legislativa o administrativa que sea necesario.