Justo el día que el Gobierno sellaba su "sí, quiero" con Esquerra para prolongar su luna de miel durante el 2022, el Supremo dictó una sentencia que podría poner en peligro el romance entre los separatistas y Pedro Sánchez. El Alto Tribunal ha consagrado el derecho a recibir un 25% de las clases en español. Es decir: además de Lengua y Literatura deberá darse otra asignatura en castellano.
El Gobierno ha esquivado la bala. Asegura que no se ve obligado a ejecutar la providencia del Supremo y que las competencias son del Ejecutivo catalán, que ya ha anunciado que se negará a cumplirlo. En esa línea, el único miembro del Consejo de Ministros, en hablar de este tema era la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien se desentendía afirmando que "el Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos".
Desde el Ejecutivo recuerdan que las competencias educativas las tiene la Generalidad y que deberían ser ellos los que aplicasen la sentencia. Pese a todo, La Moncloa han encargado informes jurídicos sobre cuál sería la situación en cada escenario y a quién correspondería hacer cumplir la sentencia.
Los separatistas pedirán "cobertura jurídica"
Tanto ERC como el PDeCAT, partido que han respaldado las cuentas de Sánchez, aseguran que pedirán "cobertura jurídica". Quieren que el Congreso de los Diputados elabore una ley que les posibilite saltarse la sentencia.
Son conscientes que, con la sentencia en la mano, "cualquier padre o asociación" podrían pedir que se cumpliese el 25% y eso, según fuentes separatistas, es lo que más temen. Lo que quieren ahora es que el PSOE y Podemos les ayude a crear una ley que impida "el caos", que según los independentistas, se podría generar. Lo que sea con total de permitir que un 25% de las clases sean en español.