Sólo un día después del pacto entre PSOE y Podemos para introducir 30 enmiendas en la Ley de Memoria Democrática, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la decisión de extender hasta 1982 la etapa tope hasta la que se pueden investigar los crímenes del franquismo. Es decir, hasta 7 años después de la muerte de Franco y cuando Felipe González llega a la Moncloa.
Bolaños, que entre sus competencias tiene la "Memoria Democrática", ha afirmado en Onda Cero que "los historiadores consideran que una vez que entró en vigor la Constitución todavía hubo un tiempo en el que hubo una inercia de la dictadura". El hombre fuerte de Sánchez considera que "el consenso" lo fecha en 1982, cuando finalizó "la vulneración de derechos fundamentales a personas que trataban de consolidar la democracia".
El franquismo hasta 1982
La teoría de extender el franquismo hasta 7 años después de la muerte de Francisco Franco no es nueva. En 2018 Podemos ya registró una petición para crear la figura de "víctima de la Transición" hasta 1983.
Esto permitiría investigar como víctimas, por ejemplo, a tres jóvenes santanderinos que fueron asesinados en 1981 por la Guardia Civil cuando volvían de unas vacaciones del sur de España al ser confundidos con miembros de ETA. "El caso Almería" fue juzgado en 1982 pero ahora, si el fiscal lo decide, podría incluso reabrirse.
El PSOE ha apoyado la petición de Podemos, pese a que en su día la criticó. Sin embargo, ambos han acordado cambiar la fecha: 1982. Así se evitará que se reabran casos como los de Lasa y Zabala, dos jóvenes que también fueron asesinados al ser confundidos con miembros de ETA, pero este caso en 1983, cuando Felipe González ya estaba en el poder y José Barrionuevo en el Ministerio del Interior.
Bolaños le resta importancia
Pese a que la nueva norma se salta varios puntos de la Ley de Amnistía, Bolaños ha restado importancia a su pacto con Podemos y ha afirmado que no "supondría ningún cambio". Incluso ha añadido que "lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002".
Sin embargo, hay un caso en el que podrían cambiar las cosas: la posible imputación del exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en tiempos de UCD. Una juez argentina ya le ha intentado sentar en el banquillo por unos disturbios en 1976. Preguntado por ello, Bolaños ha declinado responder y ha afirmado que no quiere hablar de ningún caso concreto.
ERC sigue en contra
La ley de Memoria Democrática es uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición. Una de esas normas llamadas a ser emblemáticas. Todo parecía encarrilado hasta que, este pasado lunes, los socios de Sánchez, ERC, Bildu y Junts, endurecieron su postura y propusieron suprimir el título de Rey. La petición iba más allá, querían derogar la Ley de Amnistía y convertir la Comisaría de Vía Laietana en un centro de homenaje a los represaliados por el franquismo. Sólo esta última era susceptible de ser negociada, según el PSOE, quien rechazaba el resto.
"Está muy complicado", aseguraban fuentes gubernamentales el martes que no descartaban explorar "la vía Ciudadanos" y pactar la ley con la formación naranja. Sin embargo, la formación de Arrimadas les exigía a cambio prohibir los homenajes a etarras.
La respuesta la teníamos ayer. El PSOE pactaba cambiar unos puntos de la Ley de Amnistía para juzgar "crímenes de lesa humanidad y torturas" antes de 1977. Aún así a Gabriel Rufián de ERC, le parecía que "engañaban a la gente" y que "estaban vendiendo humo". Los independentistas quieren más.
Casi a la misma hora, se sabía que los miembros de coalición habían tumbado una batería de medidas del PP en las enmiendas parciales a los presupuestos, entre la que estaba una muy similar a la de Ciudadanos y que tenía como finalidad prohibir los homenajes a etarras. El PSOE y Podemos volvían a elegir bando. El de siempre.