El separatismo consigue apartar del Tribunal de Cuentas a Margarita Mariscal de Gante

Era la pieza más temida por el separatismo en el Tribunal de Cuentas y tanto ERC como Junts han logrado deshacerse de ella gracias al acuerdo entre PSOE y PP. La hasta ahora titular del departamento segundo del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, ex ministra de Justicia del PP, abandona el órgano fiscalizador pese a ser ni más ni menos que la encargada de iniciar el juicio -todavía pendiente- contra los 34 ex altos cargos acusado de malversar 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalidad desde los años 2011 a 2017.

Precisamente este viernes, los miembros de ERC imputados por el Tribunal de Cuentas, entre ellos Oriol Junqueras, han presentado un recurso al Tribunal de Cuentas después de que el órgano fiscalizador rechazase los avales de la Generalidad a través del Instituto Catalán de Finanzas para tratar de evitar los embargos. Con la salida de la magistrada Mariscal de Gante el independentismo consigue una oportunidad para que estos recursos puedan prosperar y así poder seguir adelante con el procedimiento de aval con dinero público. Esta misma juez fue la encargada de condenar a Artur Mas a devolver los casi 5 millones malversados por la celebración de la consulta ilegal del 9N.

Al respeto de su salida, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña que el Tribunal de Cuentas había estado hasta ahora "capturado por el PP" y que la renovación "no se debería limitar solo a los magistrados del tribunal sino que debería afectar a toda la estructura". En un claro mensaje enviado a al gobierno de Pedro Sánchez, el dirigente de ERC ha puntualizado que "nosotros no estamos incómodos con su composición, estamos incómodos con su actuación. Por eso exigimos un cambio".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha sumado a las voces críticas contra éste movimiento denunciando que "el PP regala a Sánchez y a los separatistas la cabeza de la jurista encargada de la causa contra los líderes del procés en el Tribunal de Cuentas. No pactan reformas de Estado pero sí están dispuestos a repartirse el Estado y erosionar nuestras instituciones frente a sus enemigos", ha dicho.

El juez que absolvió a Trapero, al TC

"Ramón Sáez Valcárcel, el ponente de la magnífica sentencia que hoy, hace justo un año, va absolver a la cúpula de Interior, será nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Una excelente noticia", con este ímpetu ha valorado en las redes sociales el abogado del fugado Carles Puigdemont y exdiputado del Parlamento catalán, Jaume Alonso Cuevillas, el nombramiento a propuesta del PSOE del juez conocido no solo por redactar la sentencia de absolución de la cúpula de la consejería de Interior catalana por el 1 de octubre sino también por justificar el asalto al Parlamento autonómico en 2011.

Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, será uno de los cuatro nuevos rostros que se incorporará al Constitucional tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. Sáez ya pasó por el CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de IU. En esta ocasión, su designación se vincula a la posible presión que se habría ejercido desde el seno de Podemos para contentar al independentismo. Fue muy comentada en 2014 la sentencia que redactó junto al magistrado Manuel Fernández de Prado con la que se justificaba la violencia de los asaltantes al Parlamento catalán que provocó, entre otras cosas, que el por aquel entonces presidente, Artur Mas, tuviera que acceder en helicóptero a la cámara.

El redactado de esa polémica sentencia sostenía que "cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica". El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que ha defendido que los órganos constitucionales "no deberían representar solo los intereses de los partidos" ha reclamado "un cambio de actuación" de los tribunales para, según él "corregir la doctrina centralizadora" de los últimos años.