De sorprendente cabe considerar el ejercicio del papel de acusación pública que este lunes comenzó a desempeñar el fiscal del caso Ghali, Juan Pablo Frai, en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza que regenta Rafael Lasala. Hasta ahora, según las acusaciones populares su papel se ha limitado a hacer una o dos preguntas o ninguna –por ausencia– a los investigados y a los testigos que comparecían en el juzgado.
Pero tras la petición del 14 de octubre de la acusación popular que encabeza el letrado malagueño, Antonio Urdiales, que pidió que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejara de dar instrucciones en el caso por estar comprometida su imparcialidad por su relación con Baltasar Garzón, que fue el juez del caso en la Audiencia Nacional hasta su inhabilitación, el fiscal Juan Pablo Frai ha aparecido notoriamente en el caso.
Además de pedir la abstención de la fiscal general, Urdiales añadía que
desde sus inicios, en junio de 2021, el Ilmo. Sr Fiscal asignado al caso, viene observando en este procedimiento una conducta pasiva y carente de justificación, en el que se investiga la ilegal entrada en España de un sujeto investigado por genocidio, lesiones, asesinato, terrorismo, torturas y otros delitos graves en sendas diligencias previas de. la AN (1/2008 y 447/20 del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional (Caso Ghali).
En el procedimiento 1281/21 de ZARAGOZA, la intervención del ilustre representante del Ministerio Público, se ha limitado a hacer dos preguntas a los investigados en la causa, una al investigado VILLARINO MARZO y otra a la investigada GONZÁLEZ LAVA, preguntas que a juicio del letrado que suscribe son procesalmente irrelevantes, dicho sea, con los debidos respetos para con el limo. Sr. Fiscal, que, dicho sea. de paso se ha opuesto a la solicitud de sobreseimiento de la letrada del Estado que defiende a los investigados.
El momento elegido para dar un paso al frente fue, pues, la petición de la Abogacía del Estado, puesta al servicio de Arancha González Laya, exministra de Exteriores, y su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, de que se archive el procedimiento. El fiscal se ha negado a tal carpetazo y se alinea con los argumentos del juez Lasala para negarse al archivo de la causa abierta por el ingreso irregular de Brahim Ghali, jefe del Frente Polisario, en España el pasado 18 de abril.
Recuérdese que el juez Lasala, como informó Libertad Digital, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de una "vulneración frontal" del reglamento Schengen por permitir la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a nuestro país tras haber tenido conocimiento de que la Abogacía del Estado solicitaba el archivo del procedimiento que se sigue por los presuntos "delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento".
Libertad Digital tuvo acceso al demoledor auto de siete páginas del instructor Lasala que desestimaba la petición de la Abogacía del Estado. El instructor reprochaba a la defensa de Laya y Villarino que
es muy parcial la invocación del artículo 5.2.a) del Código de fronteras Schengen, según el cual se permite que los Estados miembros puedan eximir de la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas a ‘personas o grupos de personas en el supuesto de que exista alguna necesidad especial… siempre que estén en posesión de las autorizaciones requeridas por el Derecho interno’, pues dicho precepto continúa diciendo que no debe haber ‘conflicto con intereses de orden público o seguridad interior de los Estados miembros.
Ahora el fiscal Frai se suma a la posición del instructor, no sólo negándose al archivo de la causa, sino oponiéndose a la intención de la Abogacía del Estado de impedir las acusaciones populares. La Abogacía adujo que estaban en el caso de manera ilegítima y pidió una fianza de 150.000 euros a sus impulsores, Juan Carlos Navarro y Antonio Urdiales, más 10.000 euros adicionales a Antonio Urdiales por considerarle responsable de las filtraciones de la instrucción.
Con este posicionamiento, la Fiscalía de Zaragoza deja atrás sus escasas intervenciones en los interrogatorios y sus ausencias en muchos de ellos. La postura que escenifica el Ministerio Público responde a la petición de la Audiencia Provincial de Zaragoza de que se pronunciara ante la solicitud de la Abogacía de cerrar la investigación.
Tras una suspensión inesperada, las comparecencias seguirán el próximo mes de noviembre, ahora con el nuevo papel activo de la Fiscalía. El día 29 de noviembre lo harán en calidad de testigos las exjefas de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, y de Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomos.
La AN y la Fiscalía en el caso Ghali
El comportamiento poco activo, e incluso apático, de la Fiscalía en el caso Ghali no comenzó en Zaragoza. Su inicio tuvo lugar cuando el primer caso que implicaba a Ghali llegó a la Audiencia Nacional en 2007, debido a una querella criminal interpuesta por Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), y otros por delitos de limpieza étnica, asesinato, violencia, detención forzosa, terrorismo, tortura y ocultación.
Baltasar Garzón fue el instructor de las diligencias 1/2008 y el juez Lasala de Zaragoza solicitó se le remitiera una copia de las diligencias practicadas en ese primer caso Ghali en la Audiencia Nacional hasta su archivo en 2021.
Según el abogado que ejerce la acusación popular, el mencionado Antonio Urdiales, Baltasar Garzón y Dolores Delgado se encargaron de la denuncia de Asadedh a principios de 2008 y dos años después aún no habían admitido a trámite la querella.
Los acusados eran los siguientes y, entre ellos, estaba Brahim Ghali:
- Sidahmed Batial, ministro de Comunicación del Frente Polisario.
- Sidi Wagag, fiscal del Frente Polisario.
- El Jalil Ahmed, miembro de la Seguridad Militar del Frente Polisario.
- Brahim Ghali, exministro de Defensa del Frente y actual embajador en Argelia.
- Jandoud Mohamed, actual representante del Frente en Italia.
- Abdelwodoud El Fer, oficial de la Seguridad Militar del Frente.
- Mohamed Salem "Salazar", exdirector General de la Seguridad del Frente.
Y así sucesivamente hasta 21 dirigentes polisarios y ciudadanos argelinos.
Por ejemplo, la Fiscalía tardó seis meses en pedir una comisión rogatoria a Argelia para saber si había una causa similar en ese país. Pero es que Garzón dio traslado a esta petición de la fiscal un año después y ante las protestas de Asadedh por haber transcurrido más de año y medio sin resolución alguna.
En enero de 2010, tres meses antes de la prescripción forzosa, Garzón archivó la causa a la espera de que respondieran los dos países consultados, Argelia y Marruecos, que no lo habían hecho. Pero Garzón fue inhabilitado en 2012, y sustituido por el juez Pablo Ruz, que admitió la querella.
Posteriormente se hizo cargo del caso el fiscal Pedro Martínez Torrijos, precisamente una de las personas relevantes de la Audiencia Nacional que fue al despacho de Baltasar Garzón en mayo de 2010 cuando le fue comunicada su inhabilitación.
El diario Público lo contó así en mayo de 2010:
Poco antes habían pasado por su despacho magistrados como Ismael Moreno, Santiago Pedraz, Fernando Andreu o Clara Bayarri. También fiscales como Pedro Martínez Torrijos o Vicente González Mota, que le transmitieron su apoyo. Antes de las 2 de la tarde, todos los funcionarios del juzgado que hasta ayer dirigía Garzón bajaron a la escalinata de la entrada de magistrados de la Audiencia a esperar su salida. Y un minuto antes de las 14.00 horas, el juez traspasó junto a su mujer, Rosario Molina, la puerta de la instancia judicial.
Sin embargo, todos los delitos de los que se acusaban a Ghali habían prescrito ya salvo el de genocidio. Por eso, el juez Santiago Pedraz archivó de nuevo la causa contra Ghali, uno de los acusados de genocidio, el pasado verano.
En 2011, cuando se esperaba una respuesta por el libramiento de la Comisión Rogatoria a las autoridades judiciales marroquíes "al objeto de que, con remisión de la querella y a su vista, informen sobre la existencia de algún procedimiento Judicial de investigación de los hechos en ella contenidos, y no habiendo recibido respuesta alguna procede recordar su cumplimiento y quedar a la espera de su contestación". Fue la decisión del fiscal Martínez Torrijos.
En todo ese tiempo, 12 años, apenas se encargaron diligencias y algunas de las encomendadas a la Policía fueron, por decirlo de forma suave, absurdamente ejecutadas. Por ejemplo, el caso de la averiguación de los domicilios de todos los querellados que constaban en las diligencias previas puestas en marcha por Garzón en 2008, que fue pedida en marzo de 2015, 7 años después.
En este caso, el fiscal Martínez Torrijos, a la vista de la obstrucción evidente del Frente Polisario a la hora de informar sobre sus dirigentes encausados, dijo: "A la vista del resultado de que las gestiones practicadas a fin de averiguar el domicilio de los querellados han sido infructuosas procede mantener el sobreseimiento provisional de la causa".
Muy llamativo resultó además que se extraviara en la Audiencia Nacional el escrito de la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo que tuvo entrada en tal organismo judicial en 2012. Se trataba del documento-informe del Observatorio de la Asociación y la Universidad de Las Palmas sobre las víctimas de los atentados terroristas del Frente Polisario y otras banas armadas desde 1978 a 1987, en los que ya se mencionaba a Brahim Ghali.
Todavía en 2012, había 281 víctimas canarias del terrorismo que no habían tenido la oportunidad de ver juzgados a sus asesinos. Es más, es que ni siquiera habían sido localizados los autores, Por ello, la Asociación pedía a la Audiencia Nacional tomara nota de a situación de impunidad de los asesinos y de indefensión de las víctimas. Pero el papel se extravió en la Audiencia Nacional.