El Gobierno no ve incompatibilidad en el nombramiento de Antonio Hernando como nuevo adjunto del jefe de Gabinete pese a que hasta este pasado viernes estaba ejerciendo como lobista, y accionista, en la empresa Acento Public Affairs SL, dirigida por el exministro socialista José Blanco. Según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo será "escrupuloso en el régimen de incompatibilidades", pero evitaba hacer más valoraciones a preguntas de LD. "La conformación de nuestros equipos la hacemos pensando en los mejores", añadía en línea con la frase que utilizó Sánchez cuando anunció el nombramiento.
Hasta hace menos de una semana, Antonio Hernando trabajaba en la sede central de Acento, situada en un edificio de la céntrica calle Recoletos. La empresa también ha abierto sedes en Bruselas y en Barcelona. En el caso de la capital comunitaria, el papel central lo llevan la exeurodiputada socialista, Elena Valenciano, y Esteban González Guitart, hijo del eurodiputado del PP, Esteban González-Pons.
Asesoría de fondos europeos
Las buenas relaciones con el PSOE son evidentes. Este pasado viernes, Antonio Hernando abandonó la empresa pero, desde este martes, la web ya anuncia que su sustituto, como director general, es Guillermo Martínez, exconsejero asturiano y hombre fuerte del expresidente asturiano, Javier Fernández, cuando estuvo al frente del Principado. Durante varios años, Martínez llevó la cartera de Presidencia y muchos le situaban como "el vicepresidente en la sombra".
Hernando, junto a Blanco, o el exministro popular, Alfonso Alonso, han estado asesorando a varias empresas sobre cómo acceder a los fondos europeos. Ahora, será el Ejecutivo el que reparta los 72.000 millones de euros de fondos comunitarios.
Este tipo de "consultas" ayudó a disparar los beneficios de Acento Public Affairs. En poco más de un año la consultora pasó de declarar 154.000 euros de ingresos en 2019 a más de 2,1 millones en 2020 pese a la pandemia.
Unas ayudas "preocupantes"
No es la primera vez que la forma en que el Gobierno va a repartir los fondos europeos crea controversia. El Consejo de Estado mostraba su "preocupación" en un informe del pasado marzo y reconocía que el modelo "adolece de graves insuficiencias en su contenido".
Tanto el PP como Cs han denunciado la falta de controles desde el momento en el que el Ejecutivo sacó adelante el decreto de fondos europeos gracias la abstención de Bildu y Vox. El propio Abascal reconocía días más tarde el error al permitir que saliese adelante un decreto que impide los controles.