El separatismo aprovechará la renovación del Tribunal de Cuentas para tratar de frenar las multas por malversación

Desde principios del mes de junio, antes incluso de la concesión de los indultos a los golpistas, el partido de Oriol Junqueras ha tratado de presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la renovación de uno de los órganos constitucionales que más preocupa en este momento a los dirigentes separatistas: el Tribunal de Cuentas. La medida de gracia concedida a los condenados por el 1-O, aprobada en Consejo de Ministros el 22 de junio consiguió impulsar las negociaciones entre ERC y el ejecutivo de Sánchez sin embargo no tenía ningún efecto respecto a la multa millonaria por la causa abierta por presunta malversación contra 34 ex altos cargos, entre ellos, el propio líder de ERC.

Por ese motivo, tal solo un día después de la aprobación de los indultos, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya imponía a Sánchez nuevas obligaciones: ¿Y ahora, qué?, le preguntaba en sesión de control al presidente del Gobierno respecto a los siguientes pasos con Cataluña, destacando que "queda muchísimo por recorrer" haciendo referencia concreta al Tribunal de Cuentas. Esa misma semana, fue el grupo del PDeCAT quien desvelaba en el Congreso cual serían el siguiente objetivo para los grupos independentistas.

Su portavoz, Ferran Bel registró en la cámara baja una proposición de ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los miembros que componen el Tribunal de Cuentas. El sistema de elección de los 12 miembros del órgano fiscalizador –seis designados por el Congreso y seis por el Senado- necesita de una mayoría de tres quintos en primera vuelta. De no lograrse, el PDeCAT proponía que en segunda vuelta solo fuera necesaria una mayoría simple. De esta forma, valdría con la mayoría de investidura que sustenta a Pedro Sánchez. Todo a fin de evitar los embargos de los cabecillas del procés.

La negativa de la Abogacía del Estado a posicionarse respecto a la dudosa legalidad del mecanismo de aval improvisado por la Generalidad para hacer frente con dinero público a las multas millonarias supuso cierto alivio en el seno de las formaciones independentistas pese a que podían intuir la decisión definitiva del ente fiscalizador. Lo que no podían esperar en el separatismo era que el rechazo a los avales coincidiría con el anuncio del acuerdo entre PP y Gobierno para renovar los órganos constitucionales, excepto el CGPJ.

Una vez ordenado el embargo de bienes como medida cautelar hasta que se dicte una sentencia firme, los separatistas pueden recurrir el dictamen de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas y así será. "Se trata de una cuestión política, tomada por un órgano político formado por personas nombradas políticamente y que tienen su mandato caducado", ha dicho el consejero de Economía, Jaume Giró. Y aquí es donde los separatistas esperan que los nuevos rostros del Tribunal puedan beneficiar al fallo sobre estos recursos para evitar los embargos pese a que ERC ha hecho frente a gran parte de la fianza.

Las "piedras" de Ábalos y Montero

Que las maniobras del Tribunal de Cuentas respecto a esta causa de presunto desvío de fondos públicos no era un asunto cómodo para el PSOE y Podemos lo evidenciaron el todavía por aquel entonces secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, en una entrevista a finales de junio y la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino", dijo Ábalos en una entrevista en la Cadena Ser.

En la misma línea se manifestaba Montero en otra entrevista en radio 4: "Creo que la tarea del Ejecutivo es ir desbrozando las diferentes piedras del camino que nos vamos a encontrar". Tanto el PSC como la marca de Podemos en Cataluña votaron junto al independentismo para facilitar la tramitación vía decreto ley del fondo complementario de riesgo para avalar a los multados por el Tribunal de Cuentas. La portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Alicia Romero, manifestaba ayer su respecto al dictamen del Tribunal de Cuentas pero acto seguido no dudó en celebrar que "es uno de los organismos que era necesario actualizar".