Cristina Esteban Calonje, el terror de los okupas en Vox

Vox ha tenido siempre en su punto de mira a los okupas. Defensor de la propiedad privada y la libertad, el partido ha incluido en todos sus programas medidas para acabar con la ocupación de inmuebles. Esta semana ha defendido en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar competencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que puedan irrumpir en una vivienda ocupada sin necesidad de que exista orden judicial.

La defensa de esta propuesta ha corrido a cargo de la diputada por Valencia Cristina Esteban Calonje, mallorquina de 45 años, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, y ligada profesionalmente al sector inmobiliario como gestora de activos en banca. Actualmente es la portavoz de Vox en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Al okupa, "patada en el culo"

Esteban comparte plenamente el lema de Vox de "patada en el culo al okupa". En declaraciones a Libertad Digital, critica que la izquierda pretenda confrontar dos derechos que deben defenderse por igual. "El derecho a una vivienda digna no choca con el derecho a la propiedad privada".

Entró a formar parte de Vox después de escuchar en una ocasión a Santiago Abascal y las ideas que defendía. "Es justo lo mismo que yo pienso", se dijo, y se ofreció a colaborar con el partido. Domina el inglés y el alemán, idiomas que estudió "para poder hablar con los turistas que cada verano vistan las islas Baleares". Ese conocimiento le abriría después las puertas del sector inmobiliario.

Esteban procede de una familia de recursos pero ha trabajado desde los 14 años. Está separada y es madre de dos hijos de 25 y 17 años que tuvo siendo muy joven. Su familia paterna pertenece en una gran parte al Ejército del Aire, son "aviadores". Entre ellos, su padre y su hermano, ambos fallecidos, este último con apenas 29 años, en acto de servicio, cuando se estrelló el avión en el que viajaba. Un trauma para la familia del que todavía le cuesta hablar.

El abuelo de su madre era Conde aunque Esteban, celosa de su intimidad, apenas confirma este hecho al no haber influido en su trayectoria o la de su madre, azafata de vuelo que murió el pasado año de cáncer cuando se interrumpió su tratamiento por la pandemia del coronavirus.

Los "inqui-okupas"

Durante su intervención esta semana en el Congreso, la diputada de Vox defendió la necesidad de eliminar el coste económico y temporal que supone para los propietarios tener que iniciar un proceso judicial para recuperar su vivienda. "El 95% de las viviendas en España es de particulares, los fondos buitres apenas tienen incidencia", asegura.

Según explica, Interior no facilita datos del número de viviendas afectadas por este problema en nuestro país. Asociaciones de propietarios con los que se ha reunido calculan que podría haber hasta 120.000 inmuebles y un millón de víctimas. "Sólo se recogen las 13.000 denuncias anuales que se presentan en España por ocupación, que aumentaron a 15.000 el año de la pandemia por la ley del Gobierno que prohibió los desalojos durante el estado de alarma", critica.

"Se trata en su mayoría de pequeños propietarios que ni siquiera pueden hacer frente al coste de iniciar un proceso judicial para recuperar su casa", insiste, recordando que en la mayoría de países europeos y EEUU la policía puede proceder a desocupar un inmueble sin que medie orden judicial.

Según avanza en exclusiva para este periódico, la próxima semana Vox tiene previsto presentar una propuesta para abordar otro de los problemas de la vivienda en nuestro país, cada vez más creciente: los "inqui-okupas", término que emplean los afectados para referirse a los okupas profesionales que sólo abonan la primera mensualidad de un alquiler para después quedarse gratis en las casas.

La "demagogia" de limitar el precio del alquiler

Este problema enlaza contra la Ley de Vivienda que el Gobierno pretende sacar adelante para limitar el precio de los alquileres. "Allí donde se ha puesto en práctica esta medida ha sido un fracaso", asegura, poniendo de ejemplo San Francisco, Berlín o Barcelona.

Defiende que la renta de inmuebles apenas aporta un 5% de beneficios para los arrendatarios por lo que limitar su precio provoca pérdidas y eso obliga a los propietarios a sacar sus inmuebles del mercado, lo que agrava el problema.

La apuesta de Vox pasa por aumentar el parqué de viviendas públicas a través de acuerdos con empresas privadas para fomentar el alquiler social, que en España apenas representa un 2,5%, mientras que en países como Dinamarca casi llega al 30%. Los conflictos entre PSOE y Podemos para sacar adelante esta norma de momento la mantienen paralizada pero en Vox ya advierten de que darán la batalla para acabar con "la demagogia" de la izquierda.