La llegada de ilegales a nuestro país no solo no cesa, sino que va en aumento. Según el último informe del Ministerio del Interior, hasta el pasado 14 de septiembre, habrían entrado en España un total de 24.077 inmigrantes, lo que supone un incremento del 53,5% con respecto al mismo periodo de 2020. Y eso sin contar con los más de 10.000 sin papeles que entraron en Ceuta el pasado mes de mayo y que Marlaska sigue evitando incluir en las estadísticas, aferrándose a la excusa de que los datos todavía "se encuentran bajo análisis y tratamiento".
Tampoco se incluyen en dicho informe los inmigrantes que han llegado a nuestro país este fin de semana. Alicante, Murcia, Almería, pero sobre todo Baleares han recibido estos días un incesante goteo de pateras. En el caso de las islas, los datos son especialmente llamativos, ya que solo entre sábado y domingo se habrían interceptado un total de 21 embarcaciones, con 322 personas a bordo, según confirman a Libertad Digital fuentes de la delegación del Gobierno.
"Es una barbaridad, esto solo va en aumento —advierte a LD Manuel Pavón, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las islas—. Baleares se ha convertido en una nueva vía de entrada de inmigración ilegal y, o se pone una solución, o terminaremos como Canarias". Los datos hablan por sí solos: "En 2019, llegaron en torno a 500 inmigrantes. En 2020, esa cifra se triplicó hasta los 1500 y este año ya hemos superado ese récord y todavía quedan tres meses".
El riesgo de enviarles a la península
Las imágenes que llegan de Baleares distan mucho todavía de las históricas avalanchas que se registraron a finales del año pasado en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Sin embargo, las fuerzas de seguridad alertan de que esta nueva vía de entrada es tanto o más preocupante si cabe, por cuanto Mallorca, Ibiza o Formentera —las islas que más pateras están recibiendo— carecen de un centro de internamiento de extranjeros (CIE) o de otras infraestructuras adecuadas para retener a los inmigrantes hasta que se ejecute su expulsión.
Así, cuando tras un máximo de 72 horas en dependencias policiales pasan a disposición judicial, los sin papeles suelen quedar en manos de las oenegés que, ante la imposibilidad de atenderles en Baleares, les facilitan un billete a la península, ya sea o en barco hasta Valencia o en avión a cualquier otro punto de España.
El problema —o el peligro— es que eso es precisamente lo que buscan la inmensa mayoría de los ilegales que llegan a nuestro país: llegar a la península o continuar su ruta hacia otros países europeos y que la policía les pierda la pista. De ahí, que las fuerzas de seguridad teman que esto se acabe traduciendo en un peligroso "efecto llamada". "Si saben cómo está la situación en Baleares y cuál es el procedimiento… Ten en cuenta que hoy en día con las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, están en contacto permanente con su país de origen, así que imagínate", apunta el portavoz del SUP.
Sin personal especializado
A todo ello se suman, además, otros problemas de seguridad, ya que Baleares no es que tenga poco personal destinado a temas migratorios, como sucede en Canarias, sino que directamente no tiene. Así, además de tener que doblar turnos, los agentes se ven obligados a dejar de lado su trabajo habitual para atender este tipo de servicios.
"Los compañeros que están en los zetas o que están en un grupo de investigación, por ejemplo, tienen que dejar de hacer sus funciones, paralizarlas, y atender a estas personas, porque es un servicio prioritario y urgente, así que, en este sentido, casi estamos peor que Canarias, advierte Pavón.
Chechu Enrique, secretario regional del sindicato Jupol suscribe el diagnóstico: "A la llegada de tantos inmigrantes le tienes que añadir la problemática del día a día, los detenidos por robos o por otras cosas, así que estamos desbordados. Los compañeros están ya saturados. Esto es un desastre".
Más de 200 puestos sin cubrir
Y el problema es que ni siquiera las plantillas destinadas a los delitos comunes están al 100%, ya que "Baleares no es un destino atractivo" para los policías. La razón, según los sindicatos, es que el complemento de residencia que reciben los agentes allí destinados no es suficiente para hacer frente, por ejemplo, al elevado precio de los alquileres. "Para alquilar un piso en Ibiza, un policía tendría que destinar prácticamente el 70 o el 80% de su sueldo, con lo cual, se tiene que meter con dos o tres compañeros en un piso y dejar a la familia en la península y ese es el problema que tenemos", explica Enrique.
De ahí que en estos momentos haya más de 200 vacantes de Policía Nacional sin cubrir en Baleares, a las que habría que sumar otras 350 de Guardia Civil, según los sindicatos. Y eso aferrándonos a unos catálogos de puestos de trabajo que, tal y como denuncia el portavoz de Jupol en las islas, "están obsoletos, porque la población ha crecido".
"Llevamos años demandando que se actualicen, porque la realidad social de las Islas Baleares no es la misma hace 20 años que ahora", suscribe el secretario regional del SUP, que advierte de que "si se actualizará ese catálogo de puestos de trabajo, no serían 200 o 300, sino que serían 600 los compañeros que necesitaríamos en Baleares para dar un servicio adecuado".
El abandono de Marlaska
Ante esta situación, los sindicatos reclaman a Marlaska "que no abandone a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ponga remedio a una situación que afecta a todos: a los policías, por sus delicadas condiciones laborales; a los ciudadanos, por la inseguridad a la que se ven a abocados si no hay suficientes agentes; y a los propios inmigrantes, porque no tienen un sitio digno en el que ser atendidos cuando llegan a las islas. No en vano, tal y como ha revelado el diario mallorquín Ultimahora.es, los sin papeles han llegado a tener que dormir en camastros instalados en el parking de la Jefatura Superior de Policía de Palma de Mallorca, ante la falta de infraestructuras para alojarles una vez que llegan a la isla.