Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, toma declaración este lunes a Camilo Villarino, exjefe de Gabinete de la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya, en calidad de investigado, lo que antes se conocía como imputado. Luego declarará en calidad de testigo el teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez.
Ambas declaraciones tienen que ver con la forma en que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entró en España por el aeropuerto de Zaragoza en dirección a Logroño para ser tratado, según se dijo oficialmente, del coronavirus. El juez trata de saber quién fue la alta autoridad que dio la orden para que tal operación se realizara.
"Quien lo tiene que saber, ya lo sabe"
El objetivo, tanto del juez como de la acusación particular, es conocer la identidad de quien consintió la entrada en España de Ghali y las irregularidades y presuntos delitos que hayan podido cometerse en su ejecución. De hecho Villarino, en otro momento, escribió en uno de sus mensajes de WhatsApp la frase: "Quien lo tiene que saber, ya lo sabe". ¿A quién se refería el jefe de gabinete?
En las primeras declaraciones de Villarino, no se hizo referencia alguna a un conjunto de whatsapps intercambiados por ambos altos cargos para organizar la llegada, tratamiento y traslado del líder Polisario a Logroño, pero en la declaración del teniente general se mencionaron los mensajes que fueron inmediatamente reclamados por el juez y que son los que motivan las declaraciones de este lunes.
La cuestión central es averiguar por qué no se aplicó a Brahim Ghali el mismo tratamiento que a todo extranjero y quién fue la alta autoridad que dio la orden de que fuera tratado al margen de los procedimientos habituales de control de documentos además de cómo pudo entrar con un pasaporte falso.
Recuérdese además que este trato preferente a Brahim Ghali, líder del Polisario que tuvo responsabilidad en atentados terroristas contra españoles y en otros contra marroquíes, fue el detonante de la crisis desencadenada por Marruecos en Ceuta propiciando la "invasión" de la ciudad española por miles de jóvenes e incluso niños que entraron ilegalmente porque el gobierno marroquí ordenó abrir sus fronteras y darles paso libre.
En estos whatsapps, que obran en poder de Libertad Digital, consta con toda claridad que fue Camilo Villarino quien tomó la decisión de que a Ghali no le fueran exigidos los requisitos habituales de documentación y aduana. En el texto se dice:
Teniente General: "¿Queréis que se haga trámite de aduanas y/o inmigración?
Villarino: "No."
Villarino: "Paso ahora los datos de la ambulancia y del equipo médico que va a recoger al paciente para que los tengan en el control de acceso a la Base"
Y añade más adelante: "En Exteriores no citaremos a Defensa. Un abrazo".
De esta conversación se deduce que Villarino recibió la orden de que se incumplieran las obligaciones legales y que el teniente general aceptó hacerlo. Por ello, el general jefe de Movilidad Aérea, José Luis Ortiz-Cavañete, que estaba al mando de la base militar del aeropuerto de Zaragoza, declaró en su día que recibió una orden del Estado Mayor del Ejército del Aire, a instancias de "el Gabinete de la ministra", Arancha González Laya, para que se no cumplieran las normas vigentes.
Un pasaporte "falso de toda falsedad"
Antonio Urdiales, que ejerce la acusación particular en el caso de la sospechosa entrada de Brahim Ghali con pasaporte falso, ha decidido pedir la ratificación del informe emitido por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el que se afirmaba que Ghali había obtenido legalmente su condición de extranjero residente y de ciudadano español.
Urdiales cree que tal afirmación no puede ser cierta porque Ghali obtuvo la condición de extranjero residente con base en un pasaporte diplomático "falso de toda falsedad", expedido en Argelia a nombre de una persona distinta a la de Gali Sidi Mustafá Abdelyelil, que es la que corresponde a Brahim Ghali.
Lío de DNI
Se refiere Urdiales al pasaporte argelino, expedido el 29 de junio de 2003, que corresponde a Gali Sidi Mustafá Sidi Mohamed, documento que no certificaba la nacionalidad argelina sino que se tramitó sólo a efectos identificativos. Ese nombre es el mismo que aparecía en un DNI de 1970 que acreditaba la nacionalidad española de la persona de tal nombre, DNI al que todo saharaui tenía derecho cuando Sáhara era una provincia española hasta 1975. En el pasaporte argelino, se afirma que su titular nació en 1949, que había nacido en Argel y que era profesor, pero en el DNI saharaui español se afirmaba que había nacido en 1948 y que era militar.
Además, hay otro DNI español, que fue detectado por Libertad Digital, que fue expedido en Valencia en 2004 y que probablemente fue el renovado en Talavera de la Reina en 2016, pero en el que igualmente difiere el nombre del titular, si bien la Policía justifica la circunstancia aludiendo a que en España es forzoso incorporar el apellido de la madre. En este documento, la fecha de nacimiento era el 16 de agosto de 1948, no constaba la profesión y decía que el lugar de nacimiento del titular era Smara (Sáhara).
Incluso hay otro documento identificativo con otro nombre diferente, Brahim Ghali Moustafá, datado en 1999. Ghali ha pasado de una delegación del gobierno a otra para resolver su situación. La de Madrid le concedió la residencia temporal hasta 2004 pero la de Extremadura le concedió la residencia permanente y gracias a ello permaneció en España hasta 2008 cuando fue nombrado ministro por el Frente Polisario.
Tal embrollo identitario lleno de nombres diferentes, diferentes lugares de nacimiento y profesiones, es lo que motiva las sospechas de la acusación particular de Antonio Urdiales y ha originado que vaya a pedirse la ratificación del informe de la Comisaría General de Información sobre Ghali, que ampara la legalidad del procedimientos, antes de instar otras actuaciones.