A 24 horas de la fiesta regional de Cataluña, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, trata de sofocar el incendio causado por el fiasco del plan para la ampliación del Aeropuerto de El Prat. La suspensión por parte del Gobierno de la inversión no es definitiva, según la Generalidad, aunque la ministra de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó este jueves que no se llevaría a cabo en esta legislatura.
El anuncio del Ejecutivo de cancelar el proyecto ha ahondado en la división entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC al tiempo que ha puesto a Pere Aragonès contra las cuerdas. Los empresarios acusan a ERC del fiasco mientras la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebran el fracaso.
Según fuentes del Govern, la jugada del Gobierno persigue condicionar la mesa de diálogo que se debe celebrar la próximo semana para que se hable del Aeropuerto de la capital catalana en vez de la amnistía y la autodeterminación, tal como pretenden los independentistas. Aragonès trata de separar el expediente de las infraestructuras del político. De ahí sus declaraciones de este viernes en la emisora oficial de la Generalidad, "Catalunya Ràdio".
El dirigente separatista, número dos de Oriol Junqueras, intenta por todos los medios asegurar la celebración de la mesa y en la mencionada emisora ha dicho que el encuentro se llevará a cabo el próximo jueves o el viernes. En cuanto a la presencia del presidente del Gobierno, Aragonès ha dicho que cree que sí acudirá a la reunión. "Es lo que toca", apuntó.
Sin embargo, la mesa carece aún de orden del día y la composición de las comitivas está a expensas de la decisión final de Sánchez, cuya decisión de cancelar el plan para ampliar El Prat ha destrozado la agenda catalana aún a riesgo de poner en duda el apoyo de ERC al Gobierno en materias tan sensibles como los Presupuestos Generales del Estado.
Aragonès se resiste a jugar aún esa carta, a pesar de la petición de JxCat para que amenaza al Ejecutivo con una ruptura. De momento, el presidente autonómico alega razones medioambientales para oponerse al proyecto que planeaba el Gobierno y subraya que el Gobierno estaba dividido, dada la oposición de Podemos al plan. El dirigente de ERC se resiste a ir más allá, aunque avisa de que el "chantaje" tendrá consecuencias. También aprovecha la crisis para tirar por elevación y exigir al Gobierno la cesión de la infraestructura aeroportuaria. E insiste en su plan A, la inclusión del referéndum y la amnistía en el orden del día de la mesa de diálogo.