Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, por posibles delitos de financiación ilegal, malversación y tráfico de influencias, tras las acusaciones vertidas por el recién dimitido embajador de Ecuador en España, Pascual de Cioppo, durante una entrevista en televisión, según han informado en una nota a los medios.
Del Cioppo, que renunció tras sus acusaciones contra Podemos, aseguró haber identificado contratos firmados en la propia embajada ecuatoriana para pagar a supuestos asesores por trabajos ficticios; un dinero que habría acabado en Podemos. El embajador implicó en la operación a Irene Montero y también a Rafael Mayoral.
"He pedido que se suspenda de inmediato la vigencia de esos contratos y no se sigan pagando las cuotas del mes de junio ni de julio", dijo durante la entrevista, confirmando que la operación incluía contratar asesores para, supuestamente, aconsejar a ciudadanos ecuatorianos con problemas de créditos e hipotecas para que no sufrieran desahucios.
Las cantidades abonadas ascenderían a 1,2 millones de euros anuales, según aseguró el propio embajador. En plena pandemia, el pasado año, llegaron a pagarse hasta 770.000 euros. "Una auténtica osadía", afirmó. Motivo por el cual, Vox pidió la comparecencia "urgente" en el Congreso de Montero y Mayoral.
El entramado societario
La empresa a través de la que se recibirían los pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa —para asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España—, y está formada por Mayoral, Ana Marcello, exdiputada de Podemos, y Elena Marcello, actual presidente de la sociedad, y se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador.
En su escrito, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, recoge que el contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador contaría con una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos, y una cláusula de indemnización. Como resultado de estos contratos, Kinema multiplicó sus ingresos anuales.
Vox refiere también testigos que han declarado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42, que afirmaron que Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema.
Por ello, el partido ha solicitado a la Fiscalía que se tome declaración tanto a Irene Montero como a Rafael Mayoral y que se llame a declarar como testigo al embajador de Ecuador en España.
Además, se solicita que se libre de oficio la UDEF para identificar la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y su concepto; que se libre de oficio a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña para que identifique los pagos recibidos y aporte el libro de socios.
Por último, piden que se libre de oficio al Gobierno de Ecuador para la identificación de los contratos y pagos realizados.