"¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está...". Esa frase, en la campaña electoral de noviembre de 2019, perseguirá ad eternum al presidente Pedro Sánchez, cuyas consecuencias están ahora por concretarse. Al estupor e indignación de los fiscales ante una afirmación que utilizó para apuntalar la promesa electoral de que traería y juzgaría en España al fugado Carles Puigdemont, le siguió el escándalo de un nombramiento que cumplía al pelo con el preludio presidencial y que estableció una puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
El nombramiento de Dolores Delgado, contra pronóstico por encontrarse en la cuerda floja en el primer gobierno de Sánchez por sus relaciones con Villarejo y sus grabaciones junto al juez Baltasar Garzón, conmocionó a la clase política y judicial fulminando cualquier apariencia debida de imparcialidad y sepultando otros requisitos como la exigencia de ser jurista de reconocido prestigio.
Todo ello motivó la argumentación jurídica con la que Vox presentó un recurso a la idoneidad de su nombramiento, del cual exige su nulidad por considerar que no cumple con los requisitos exigidos de imparcialidad, sobre el cual pivota el juicio de idoneidad, además de haber sido reprobada en tres ocasiones por el Parlamento, previamente a su designación. Un recurso que intentó ser desestimado por parte de la Abogacía del Estado y el Gobierno pero que, tras varios intentos, llega ahora a su final con un movimiento de profundo calado.
Según adelantan las fuentes consultadas por Libertad Digital, el presidente de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño, "ha avocado al pleno la decisión de Delgado para el día 19 de octubre", día en que se convocó en julio la resolución del recurso de Vox sobre el nombramiento de Delgado por parte de los 6 magistrados de la Sección Cuarta de la Sala, según avanzó entonces Libertad Digital, junto con el nombramiento de la ponente progresista Pilar Teso.
La diferencia en el ámbito de decisión es fundamental por motivos cuantitativos y cualitativos. Respecto a los primeros, supone que ahora tendrán que decidir cerca de 40 magistrados de la Sala frente a los sólo 6 que integran la Sección pero los más relevantes son los motivos cualitativos. Según las fuentes citadas por LD, "el presidente sólo eleva la decisión al pleno si ve que hay conflicto y que puede salir adelante la declaración de no idoneidad" porque se trate de un asunto que cuenta con "una amplísima mayoría" a favor de la destitución de Delgado.
Y eso es lo que anticipan en los círculos políticos y jurídicos consultados, que "Dolores Delgado va a caer, en un 90% de posibilidad". La única vía para impedirlo sería que fructificaran las "presiones y maniobras por parte de Delgado y Sánchez" a los jueces y fiscales, como ya protagonizó la fiscal general para intentar que el asunto lo resolviera la Sección, "donde tenía un mayor control y podía garantizar que se rechazara el recurso".
Maniobras de presión de Delgado
En ese contexto de maniobras de presión se enmarcan las llamadas reiteradas y también su política de nombramientos para cubrir las vacantes en el Ministerio Público. La Fiscal General acabó proponiendo en julio como fiscal superior de la Sección a Jesús Tirado Estrada, un fiscal del ala conservadora, nombrado por el Consejo de Ministros a finales de julio pero aún a la espera de tomar posesión, y con quien Delgado quería garantizarse el rechazo al recurso de Vox, aunque algunos aseguran que no se plegará a sus intenciones.
Maniobras que denotan el actual estado de ánimo de la fiscal general del Estado: "Es un desecho de tienta", relatan estas fuentes, "está amortizada". Incluso en los entornos gubernamentales admiten que "está nerviosísima", con llamadas constantes para intentar recuperar un control que parece haber perdido definitivamente en su camino al matadero político y judicial. "Delgado no tiene triunfos, no le quedan más maniobras, no le llega la camisa al cuello", explican figuras de máxima solvencia a este periódico ante la decisión de elevar al pleno la decisión. Algo para lo que de momento no consta comunicación oficial por escrito habida cuenta de que el curso judicial no era hábil hasta este miércoles 1 de septiembre, aunque así se lo ha transmitido el presidente a otros miembros del Supremo.
Vox ya lo pidió
Recoge así la petición que formuló Vox el pasado mes de julio de avocar a pleno la decisión. Una decisión solicitada por la proponente, la abogada del Estado Macarena Olona, y que asumieron siete magistrados del Supremo en reclamación formal a la sala, pero todavía no consta respuesta alguna. La decisión anticipa un "escándalo político de primer orden" porque ante la sala de lo contencioso administrativo no cabe recurso, por tratarse de la sala sobre la que recaen las decisiones sobre la administración del Estado y forzaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituir a Delgado y buscar un sustituto. En paralelo, sólo cabría el recurso en amparo al Tribunal Constitucional por parte de la afectada y, en último lugar, su instancia a las instituciones de justicia europeas, pero ninguna de las dos instancias impediría su destitución inmediata.
El precedente... a medias
El único precedente hasta la fecha se produjo hace casi treinta años, en 1994, con la diferencia de que el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, fue cesado por el Gobierno de Felipe González tras forzar el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma, su dimisión antes del pleno que se había convocado por la Sala Contencioso del Supremo para declarar la no idoneidad de su nombramiento.
El hecho inédito, treinta años después, es que los Fiscales podrían ejecutar su decisión en su reunión en pleno el 19 de octubre. Un rejón definitivo para Pedro Sánchez desde la Administración de Justicia.