El ejecutivo autonómico catalán baraja los días 16 o 17 de septiembre para celebrar la denominada "mesa de diálogo" o también de "negociación" entre el Gobierno y el Govern. El encuentro será en Barcelona y la parte separatista insiste en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe acudir a la cita. Es una condición sine qua non según han advertido por partida doble el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès (el lunes en TV3) y la portavoz del Govern, Patrícia Platja, este martes tras la primera reunión del gobierno regional después de las vacaciones.
ERC no contempla que Sánchez no participe en el encuentro. De hecho se daba por descontado que el líder socialista acudiría a esa reunión tras el encuentro que mantuvo con Aragonès en Moncloa, pero en los últimos días ha habido indicios que hacen dudar al separatismo. El propio dirigente de los socialistas catalanes, Salvador Illa, lleva dos días diciendo que le parece "osado" que Aragonès pretenda imponer la presencia de Sánchez en Barcelona cuando él no quiso acudir a la cumbre de presidentes autonómicos en Salamanca.
La Generalidad no ha dado cuenta de cuál será su "alineación" para el encuentro, aunque se dan por descontados Aragonès y el vicepresidente de la Generalidad, Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya (JxCat). La "baja" de Sánchez obligaría no sólo a retirarse a Aragonès sino a dejar en manos de JxCat la cabecera de la reunión cuando es notorio que dirigentes de ese partido, entre ellos el propio Puigneró, llevan semanas haciendo declaraciones que ponen en duda la eficacia y conveniencia de esa mesa.
Eso explica, por otra parte, la insistencia de ERC en fijar un orden del día con solo dos temas, el mantra separatista de la amnistía y la autodeterminación. La portavoz Platja ha reiterado este martes que esos son los asuntos de los que quiere hablar lo que llaman "parte catalana" y que fuera de ellos no hay reunión posible. Según los separatistas, para traspasos, transferencias y otros asuntos ya está la comisión bilateral, la misma que acordó la ampliación del Aeropuerto de El Prat con una partida de 1.700 millones, asunto que ha causado la división en el independentismo.
Ponsatí abandona el Consell per la República
Por otra parte, la prófuga Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza de Puigdemont, ha anunciado por carta que se da de baja del Consell per la República porque asegura que ese organismo está supeditado a las "dinámicas autonómicas y electorales" de los partidos.
El Consell per la República fue uno de los principales escollos para el pacto entre ERC y JxCat, ya que en ERC observaban con indisimulado disgusto el papel de Puigdemont y del organismo como elementos de tutela del gobierno de la Generalidad. Finalmente, se desactivaron las reticencias y el mismo Consell, que ha aplazado ya en dos ocasiones sus elecciones internas por la falta de acuerdo entre los diferentes sectores representados.