Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Salud Pública de Baleares que permite al Gobierno de la socialista Francina Armengol imponer la vacuna obligatoria para determinados colectivos, como por ejemplo el sector sanitario.
El ejecutivo autonómico ha dicho que, de momento, no tiene intenciones de aplicarla por el buen ritmo de vacunación y la escasa negativa de los profesionales a ponerse la dosis, pero la ley aprobada por el Parlamento balear y publicada en el BOE el pasado mes de mayo, les permitiría establecer su uso obligatorio.
En recurso, Vox argumenta que esta norma "excede competencias estatales", lo que "genera inseguridad jurídica" al imponer medidas claramente "ilegales". La secretaria general del grupo, Macarena Olona, asegura en declaraciones a Libertad Digital que la lucha contra la pandemia del coronavirus "debe hacerse respetando el marco constitucional y no como ha ocurrido hasta ahora, degradando nuestra democracia".
Olona explica que su partido ha recurrido las leyes gallega, vasca y balear por los mismos motivos, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha presentado recurso contra la norma aprobada por la Xunta de Alberto Núñez Feijoo al moverles únicamente intereses políticos y partidistas.
"Cercena libertades y derechos"
"Sánchez no actúa contra el País Vasco y Balares por una razón puramente ideológica", asegura. El Constitucional suspendió el artículo de la ley gallega que permitía establecer la vacunación obligatoria, en base al recurso presentado por el Gobierno central, que no ha actuado en el caso del País Vasco y Baleares.
La diputada denuncia que en todas estas comunidades se están "cercenando y expropiando inconstitucionalmente derechos fundamentales y libertades públicas, como los de circulación, residencia o la integridad física", y critica que la norma balear, no sólo permite imponer la vacuna obligatoria, sino que abre la puerta a establecer "confinamientos forzosos" y la posibilidad de realizar "PCR y cribados masivos por orden de las autoridades sanitarias".
Con este ya son 21 los recursos que Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde suma dos importantes victorias después de que se declarara inconstitucional el primer estado de alarma aprobado por el Gobierno y los nombramientos de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión del CNI, aunque se pronunció después de que el vicepresidente abandonara la política y poco antes de que Redondo hiciera también lo propio.