El Tribunal de Cuentas cree que los avales a golpistas pueden ser ilegales y pide un informe a la Abogacía del Estado

Esperanza García Moreno, la delegada instructora de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra los líderes golpistas por la promoción en el extranjero del intento secesionista tiene serias dudas sobre la legalidad de los avales presentados por el Institut Català de Finances, un organismo público dependiente de la propia Generalidad. Por esa razón el órgano fiscalizador ha pedido un informe razonado a la Abogacía del Estado para que a la mayor brevedad aclare si una entidad pública de la administración puede amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave.

En el fondo de la cuestión está determinar si, como reza la consulta enviada a la Abogacía del Estado, "nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable" de políticos y altos cargos de la Generalidad.

El Tribunal de Cuentas exige a 34 exaltos cargos de la Generalidad, entre los que se cuentan Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, el pago de una fianza de 5,4 millones por los gastos en los que incurrieron para dar cuenta de sus planes separatistas en diferentes países, así como por la contratación de observadores internacionales, agencias y gabinetes de relaciones públicas y diplomacia e invitaciones a dirigentes políticos y académicos extranjeros para que avalaran los planes golpistas.

El Gobierno de la Generalidad decidió amparar a estos políticos y altos cargos a través del Institut Català de Finances, cuya función es la de facilitar el acceso a créditos públicos a pequeñas y medianas empresas y autónomos en dificultades.

Se recurrió al ICF después de que ningún banco asumiera la cobertura de las fianzas. El Govern elaboró por la vía de urgencia un decreto ley sobre un "Fondo complementario de riesgos" para que los dirigentes separatistas no tuvieran que cubrir con su patrimonio las fianzas provisionales. Pero el mecanismo sólo obtuvo el rechazo de las entidades financieras a las que se pidió que cubrieran los diez millones previstos en dicho fondo. Además, dicho decreto todavía está pendiente del informe del Consejo de Garantías Estatutarias, cuya resolución, que se debe conocer antes de que acabe el mes, no tiene carácter vinculante.

Que el Govern exigiera al ICF el pago de las fianzas provocó la dimisión de tres consejeros independientes y el voto en contra de los otros tres, pero los avales salieron adelante por el voto favorable de tres consejeros nombrados a propuesta de los partidos separatistas y del presidente de la entidad, también colocado por ERC.

Con su decisión de reclamar un informe a la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas pone a prueba la imparcialidad de este organismo después de fuertes presiones del Gobierno sobre el órgano fiscalizador. El exministro José Luis Ábalos llegó a decir pocos días antes de ser cesado que el Tribunal era una piedra en el camino del diálogo con los separatistas.