El Tribunal de Cuentas ha emprendido el proceso para embargar a los 34 líderes separatistas encausados por la malversación de fondos públicos en la internacionalización del llamado procés. Además, ha rechazado la solicitud de la Generalidad para ampliar el plazo para depositar las fianzas. El Govern pretendía pagar las fianzas, que ascienden a 5,4 millones de euros con un aval del Institut Català de Finances, una entidad de la propia Generalidad destinada en principio a gestionar créditos de medianas y pequeñas empresas.
Tras rechazar la petición de la Generalidad y de las defensas de los encausados, entre los que figuran Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Andreu Mas-Colell y exconsejeros y altos cargos de la administración regional catalana, el Tribunal de Cuentas ha comenzado a dar las órdenes de embargo de los bienes hasta completar las fianzas.
Algunos de los investigados ya han hecho llegar al órgano fiscalizador la certificación de sus bienes patrimoniales para cubrir las cantidades que se les exigen en concepto de responsabilidad contable por los gastos incurridos en la difusión en el extranjero del intento secesionista. El Tribunal de Cuentas enviará oficios a los registros de la propiedad en el caso de quienes no han presentado una declaración de bienes al efecto de que se les notifique el embargo.
El Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado de momento sobre el aval que pretende ejecutar la Generalidad, aunque todo indica que rechazará que la administración afectada sea quien cubra las fianzas de los encausados.