El Gobierno ilegalizará la Fundación Francisco Franco y no descarta demoler la Cruz del Valle de los Caídos

Una vez más, la Memoria Histórica ha vuelto a servir de cortina de humo ideológica al Gobierno de Pedro Sánchez que este martes ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto de Ley fue presentado hace un año por la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Su sucesor, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo pretende ilegalizar la Fundación Francisco Franco bajo el pretexto de "la humillación a las víctimas del franquismo". Es la fórmula que estableció el informe emitido por el CGPJ tras advertir de que su disolución podría suponer un delito de persecución ideológica o menoscabo de la libertad de expresión.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Libertad Digital explicaron hace unas semanas que se había reformulado el borrador presentado inicialmente por Calvo para adecuarse a las advertencias del órgano de gobierno de los jueces y evitar así un nuevo varapalo judicial. Según Bolaños, la disolución no será, sin embargo, "inmediata" sino que quedaría a expensas de las actuaciones de la Fundación que sería disuelta por la Justicia en caso de incurrir en el citado perjuicio a las víctimas que se establece como delito.

"Modificaremos la Ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio a las víctimas o incitando al odio". Pero, añadió Bolaños, "no es inmediata". "Una vez que hay causa de extinción de la fundación por enaltecimiento" o "por humillación de las víctimas, se inicia un procedimiento" a instancias del protectorado de las víctimas o la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que concluirá con un expediente administrativo que derivará en un procedimiento judicial" por lo que "no es una extinción inmediata".

Fiscalía de Sala

El ministro explicó que para ello se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que "investigará todas las vulneraciones de derechos humanos, desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución" e "investigará, impulsará y practicará diligencias e impulsará la búsqueda de las víctimas".

Demoler la Cruz del Valle

Otro de los aspectos más polémicos y que suponen la mayor incógnita en el horizonte próximo es si el Gobierno socialista cederá ante los socios de Podemos en la coalición para derribar la Cruz del Valle de los Caídos. Un punto que el Gobierno sigue sin descartar en el marco del proceso de "resignificación del Valle de los Caídos. Así lo establece la Ley", señaló Bolaños para el que "tendremos que concretar un proyecto donde se tome una decisión al respecto". Admitió que "es una basílica, un lugar de culto", pero lo contrapuso con la necesidad de "resignificación del Valle" en el que "queremos presentar un proyecto completo que responda a los valores democráticos y defensa de los derechos fundamentales".

El primer paso será la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que "proviene de un real decreto Ley del año 57 que es por completo contrario a los valores democráticos y se aprobará un nuevo real decreto que establezca el nuevo régimen jurídico aplicable en el Valle de los Caídos". Y el segundo: "No podrá haber ningún cuerpo de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos" por lo que se procederá a la exhumación del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera.

El nuevo ministro se felicitó porque su ley "es la primera Ley que condena y repudia expresamente el golpe de estado del 36 y la dictadura posterior". Pero admitió dificultad para enjuiciar a los culpables de crímenes durante la dictadura, obviando la ley de Amnistía de 1977, porque "no se pueden aplicar normas penales a un periodo previo a su promulgación y eso son dificultades que nuestro Estado de derecho establece y que, por tanto, continuarán estando ahí".

Inclusión en los contenidos educativos

La memoria democrática será un contenido curricular en la educación, tanto en el Bachillerato como en la ESO como en la Formación Profesional. Según el Gobierno, "se estudiarán los valores democráticos y se reivindicarán los derechos fundamentales como eje curricular en cualquier currículum". Igualmente anunció que "se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas".