El Observatorio de la Convivencia Lingüística de Sociedad Civil Catalana (SCC) se ha hecho de las quejas de miles de personas por la insistencia de la Generalidad de emitir todos sus comunicados de sanidad pública sólo en catalán "dejando al 54% de los catalanes de habla española y al resto de hablantes sin derechos lingüísticos, con lo que esto conlleva de desinformación y desamparo".
Según un comunicado del Observatorio Lingüístico, la administración catalana "pone en peligro la salud de los ciudadanos. Si es grave para la vida de una persona no recibir la información de su salud en su propia lengua, en el contexto de la actual pandemia puso y pone en grave riesgo la salud pública".
El Observatorio de SCC pone un ejemplo lacerante de la discriminación a los castellanohablantes: "la App 061 creada al inicio para hacer un seguimiento de los contagios, fue presentada en tres idiomas: catalán, castellano e inglés, pero la herramienta principal de autotriaje sanitario y comunicación con el centro de salud no estaba disponible más que en catalán, lo que era incomprensible dado que la App había sido adaptada de la de la Junta de Andalucía, y por tanto debía disponerse en español".
"Otra queja -abunda el comunicado- fue que el modelo de declaración responsable facilitado por la Generalidad para circular durante el confinamiento solo estuviese disponible en catalán, y eso que al principio era obligatorio. Tras las múltiples críticas por esta y otras deficiencias, no se tradujo, se hizo no preceptivo. Actualmente son frecuentes las quejas porque toda la información oral, la megafonía, y escrita, hasta la publicidad, de CatSalut, ayuntamientos, diputaciones, medios y transporte público, es exclusivamente en catalán".
Información sólo para catalonohablantes
De esta forma, SCC concluye que la información crucial sobre el coronavirus "está dirigida exclusivamente el 36% de la población catalanohablante". La entidad constitucionalista denuncia que se ignora y se deja en situación de desamparo a la mayor parte de la población catalana, que tiene más riesgo de contraer la enfermedad. También se denuncian que "hurtan información clave de salud pública a más de medio millón de ciudadanos mayores residentes en Cataluña que declaran no saber leer catalán".
Dadas las circunstancias, SCC exige a los poderes públicos que no se salten los derechos lingüísticos, que la información pública de toda la administración catalana, incluidos los transportes públicos, esté íntegramente en las lenguas oficiales y mayoritarias de su ciudadanía, así como al menos en una lengua internacional, así como que las traducciones sean supervisadas por personal cualificado en la terminología médica, epidemiológica y de salud pública, no limitándose a facilitar el traductor automático de Google".