El prófugo Carles Puigdemont ha presentado recurso ante el Tribunal de Cuentas para tratar de eludir la fianza de 2.085.507,80 euros que le exige el órgano fiscalizador por la malversación de fondos públicos en la proyección internacional del proceso separatista. Puigdemont alega dos motivos. En primer lugar asegura que su inmunidad como diputado europeo le dispensa de afrontar el pago de la fianza. Y en segundo término, asegura que la disposición del Tribunal de Cuentas es inconstitucional porque supone derogar de facto los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que facultan a la Generalidad para hacer política exterior. Y lo dice un expresidente de la Generalidad que hizo ostentación de su desobediencia al Tribunal Constitucional fotografiándose con cinco requerimientos desatendidos.
En un escrito de once folios presentado hoy en el Tribunal de Cuentas, Puigdemont se escuda en su condición de europarlamentario y asegura que "la inmunidad alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". Además, apunta que "la afirmación realizada por la señora delegada instructora durante el acto de liquidación sobre que dicha inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales no tratándose la liquidación de uno es, pues, contraria a derecho".
La defensa del prófugo entiende que la instructora del órgano fiscalizador debería haber solicitado un suplicatorio en el Parlamento Europeo y señala que "cosa distinta es que la señora delegada instructora no quiera hacerlo por no ver su procedimiento sometido a ningún tipo de escrutinio".
En el recurso se indica además que "no cabe más que calificar lo que se está haciendo en este procedimiento de inconstitucional por cuanto por la vía de la represión sancionadora de este Tribunal se pretende derogar competencias de la Generalidad de Cataluña que siguen constando en el Estatuto de Autonomía en vigor privándole de la acción exterior".
Según la defensa del prófugo, el Tribunal de Cuentas estaría derogando los artículos 13, 125, 183 y todas las competencias previstas en el capítulo III de dicho Estatuto, capítulo denominado Acción exterior de la Generalidad. En el recurso, Puigdemont llega al extremo de amenazar al Tribunal de Cuentas con acciones penales: "Este Tribunal no tiene atribuidas esas competencias y persistir en ello nos lleva, directamente, al ámbito del Derecho Penal, reservándose esta parte las acciones correspondientes tanto aquí como en aquellas jurisdicciones donde estas actuaciones causen sus efectos".
Puigdemont pide además que se le explique cómo se ha llegado a la cantidad de 2.085.507,80 euros y que en caso de que no se atienda su alegato, se amplíe el plazo para recaudar esa cantidad puesto que considera que dos semanas no son suficientes.
En paralelo, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad, Jaume Giró, de la cuota del partido de Puigdemont, busca una entidad financiera que cubra los diez millones previstos en el Fondo Complementario de Riesgos arbitrado vía decreto ley para asumir las fianzas de los líderes golpistas en el Tribunal de Cuentas. Al tiempo, el Gobierno ha descartado recurrir la medida en el Constitucional, un acto que habría suspendido de inmediato la posibilidad de que la Generalidad pueda avalar las fianzas.