El Gobierno descarta recurrir el fondo de la Generalidad y culpa al Tribunal de Cuentas de actuar "preventivamente"

El Gobierno descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el fondo de avales aprobado por la Generalidad de Cataluña para pagar con dinero público las fianzas de los golpistas sancionados por el Tribunal de Cuentas. Así lo confirman fuentes del Ejecutivo consultadas por Libertad Digital porque "se trata de una cuestión en la que el govern no ha incurrido en una ilegalidad flagrante" sino que se sitúa en una zona gris por tratarse de un expediente sin resolver.

El Gobierno entiende que el Tribunal de Cuentas actúa de forma "preventiva" exigiendo una cantidad económica de 5,4 millones de euros a modo de sanción cuando aún no se han resuelto los recursos de los 34 funcionarios sancionados. Fuentes de Moncloa cuestionan el modus operandi del Tribunal de Cuentas y ponen el ejemplo de que "es como si un juez te exige cumplir parte de la condena antes de que haya una sentencia firme".

Este jueves, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que "el Ministerio de Política Territorial, que tiene una estructura para esto, está analizando este decreto ley en lo que pudiera ser inaceptable en su legalidad y constitucionalidad. Nosotros no negociamos nada que sea ilegal. Si no es aceptable, tendremos que recurrirlo al TC".

Un estudio que avanzó el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje oficial a Estonia —"Si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo"— que sí se negocia con el presidente catalán, Pere Aragonés, sobre la base de la retirada del fondo una vez que se resuelva el expediente de forma definitiva.

Una vez que eso ocurra, el Ejecutivo cree que la Generalidad tendrá que dar un paso atrás y dejar que los funcionarios y altos cargos del gobierno catalán sancionados asuman su responsabilidad patrimonial como en su día hizo el expresidente Artur Mas.