Vox se querella contra el 'Govern' por el fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas

Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ley del gobierno catalán mediante el que se crea un Fondo Complementario de Riesgos por importe de diez millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista no tengan que hacer frente a las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. También presentará una denuncia en los tribunales por malversación de caudales públicos.

En declaraciones a Libertad Digital, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha señalado que el gobierno de la Generalidad miente: "La creación del fondo complementario de riesgo no tiene por objeto proteger a los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Su único objetivo es financiar las causas judiciales de los golpistas y utilizar el dinero público para blindar a los que promueven el odio y la división".

Garriga ha asegurado además que en el pleno de este miércoles en el parlamento catalán denunciará la maniobra separatista, al tiempo que el partido acude a los tribunales. También ha dicho que la única preocupación de los partidos separatistas que forman el Govern "es evitar que los delincuentes que se saltaron la ley paguen por lo que hicieron".

Eliminar las "embajadas" catalanas

Además de estas denuncias, Vox presentó el lunes una proposición de ley ante la mesa de la cámara para eliminar las delegaciones de la Generalidad en el extranjero, precisamente las encargadas de difundir el proceso separatista y la propaganda antiespañola cuyos gastos se fiscalizan en el Tribunal de Cuentas.

"Con 1 millón de catalanes en pobreza extrema, más de 73.000 en listas espera de dependencia y 141.000 esperando vivienda social, es escandaloso que el Govern malverse millones de euros en insultar a España en el exterior", aseguró la diputada, María García Fuster.

En la proposición de ley se pide que la acción exterior y ante la Unión Europea de Cataluña sea ejercida por el Gobierno de España "con respeto a la Constitución, la integridad territorial de la Nación y el interés general".

Por su parte, la organización Convivencia Cívica Catalana ya ha presentado una denuncia contra Pere Aragonès y los consejeros del gobierno catalán por malversación de caudales públicos y prevaricación.