Un diálogo de sordos, al menos de cara a la galería. Pese a la considerable extensión del encuentro, dos horas y media, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, parecieron impostar su lejanía en la puesta en escena de cara a la galería. Aunque la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo no la ofreció el presidente Sánchez, la portavoz, María Jesús Montero, se esmeró en negar la versión de Aragonés sobre el objeto de su conversación con versiones contradictorias.
En su comparecencia tras la rueda de prensa de Aragonès, Montero negó en un primer momento que la amnistía, el referéndum de autodeterminación y las eventuales actuaciones para los fugados de la Justicia, como Carles Puigdemont, estuvieran en la conversación entre ambos. "En ningún momento, el presidente Sánchez ha hablado de ninguna de esas cuestiones de la amnistía, el referéndum de autodeterminación o los exiliados" ni "Aragonès esperaba que hiciera referencia a ello porque ambas partes somos perfectamente conscientes de cuáles son los límites de cada uno". De la misma manera, para el Gobierno "tampoco es de extrañar que el señor Aragonès ponga el acento en las materias que viene defendiendo" pero "no se ha hablado de ninguna de esas cuestiones".
Una primera versión a la que siguió una segunda, con más matices, según la cual la negativa a la conversación sobre esos temas concretos se abre a la negativa sobre "profundizar" en esos asuntos. "Esas cuestiones no han sido objeto del debate entre ambos presidentes. Sí se habló del Consejo de Europa; el señor Sánchez sí ha dicho que ha habido en ese informe cuestiones distintas, dependiendo de cómo cada uno lo vea". Pero Montero no explicó cómo ven el Gobierno y el presidente ese informe ni a qué se refería con esa afirmación.
Se limitó a decir que el presidente Sánchez "no ha profundizado en ninguna de estas cuestiones que usted me comenta, independientemente de que cuando el señor Aragonès las comenta, el presidente ha invitado a Aragonès a viabilizar propuestas concretas" y "animarle a liderar un foro de encuentro de diálogo entre catalanes en Cataluña". Montero abogó por "dejar tiempo a que los temas maduren, se asienten y nos permitan un asentamiento sobre una materia que lleva demasiado tiempo enquistada". Y sobre el cómo, pronunció la palabra mágica: Estatuto. Un nuevo texto normativo en el ámbito autonómico que el Ejecutivo de la nación aspira a que sirva de negociación con los independentistas para regular un "nuevo marco convivencial".
Según la ministra portavoz, "nuestra idea es seguir profundizando, profundizar en su autogobierno" con un "nuevo estatuto de autonomía que es un elemento que no es suficiente para el Govern pero este Gobierno quiere impulsar, ser capaz de concretar y cristalizar si las personas que acuden a esa mesa va con actitud constructiva. Lo sencillo aquí es levantarse de la mesa tras la primera reunión". Y lo casi imposible, "llegar a soluciones viables y concretas". Empresa para la cual la portavoz Montero pidió "no someter a ninguna presión" al Gobierno que necesita "reposo y estabilidad" para alcanzar un objetivo en el que "no hay recetas mágicas".
No actuarán en el Tribunal de Cuentas
Un proceso de diálogo para el que el Gobierno descarta cumplir con la exigencia independentista de retirar los expedientes en curso en el Tribunal de Cuentas o de reformar el sistema de elección de sus miembros. Preguntada por ello, Montero fue clara: "La respuesta es no. No hay en la agenda del Gobierno ninguna reforma; lo que sí hay es una llamada al PP para la renovación. No es de recibo que el principal partido de la oposición esté vetando la renovación de órganos constitucionales". Tampoco acepta, de momento, actuar en beneficio de los que llaman sus socios "los exiliados".
Tampoco para los fugados
"Yo no les llamaría exiliados, les llamaría fugados de la Justicia. Les invitaría a que respondieran ante la Justicia como respondieron los indultados. Le puedo decir que no se ha profundizado en ningún tipo de gestos o de cualquier otra cuestión. Nos mantenemos en que es obvio que los que están fuera de la justicia, vuelvan y se pueda cumplir con el Poder Judicial". Una muestra más del enfriamiento gubernamental sobre la reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición.