Ocurrió el pasado 24 de marzo y pasó absolutamente inadvertido. El Congreso de los Diputados aprobó derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. Inmersos en el debate sobre el toque de queda de las comunidades autónomas, la escasez de vacunas en las CCAA y el escenario post electoral catalán y pre electoral madrileño, apenas nadie se percató de la importancia de la admisión a trámite de una iniciativa que podría abrir la puerta al cambio del modelo de Estado por la puerta de atrás: la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad sobre los estatutos de autonomía.
Una iniciativa del PNV, apoyada por el Gobierno, el PSOE, Podemos y los independentistas, que no se limitaba a la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad sino también a la supresión del "carácter ejecutivo de las sentencias del Tribunal Constitucional" que fue introducido en la reforma de la Ley Orgánica de 2015 pactada entre PP y PSOE y cuyos negociadores, José Enrique Serrano y José Antonio Bermúdez de Castro, pretendieron dotar al tribunal de poderes frente a los desafíos soberanistas de los territorios, dos años antes del 1-O de 2017.
La aprobación de la Proposición de Ley del PNV hace tres meses fue celebrada con júbilo por el diputado del PNV, Mikel Legarda, por lograr el hito histórico de la "desnaturalización del modelo de Justicia constitucional". Es decir, que el Tribunal Constitucional que en 2010 declaró inconstitucionales 14 artículos del estatuto catalán de 2006 y dejó sin efectos el preámbulo en el que se incluía el reconocimiento de Cataluña como nación, se limite a ser un órgano "meramente declarativo" que no pueda ejecutar sus sentencias de forma inmediata, según fuentes parlamentarias.
La conexión vasco-catalana
Algo que cobra especial relevancia estos días a cuenta de la "agenda del reencuentro" que Pedro Sánchez quiere desplegar tras la concesión de los indultos a los presos del 1-O. No es casual la intervención del PNV esta misma semana sumándose a la escalada de los soberanistas. Y no lo es porque lo dicho por Andoni Ortuzar no puede interpretarse como un monólogo sino como fruto del diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Su petición para que el Gobierno reconozca a Cataluña y el País Vasco como "naciones" es resultado de las conversaciones con La Moncloa a quien le han garantizado su apoyo hasta el final de la legislatura si se materializa una promesa que de momento los peneuvistas sólo califican como "gran oportunidad para dar pasos".
El objetivo es avanzar en un cambio sustancial del modelo de Estado, que pasaría de autonómico a Federal de aquí a 2024 y que tendrá un primer gran paso el martes que viene. El mismo día en que Pedro Sánchez se reúne con Pere Aragonés, la Mesa del Congreso de los Diputados decide si cierra o prorroga una vez más el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad sobre el proyecto de Ley del PNV para dejar sin efecto al TC con la complicidad del Gobierno socialista. Trámite crucial en el que está por verse si el diputado socialista, Odón Elorza, cumple su promesa de recuperar la figura del recurso previo de inconstitucionalidad en el trámite de enmiendas. Promesa con la que Elorza justificó su voto a favor sin explicar por qué no era una abstención.
Cuentan fuentes parlamentarias que la intención es prorrogar el plazo de enmiendas a la totalidad para ganar tiempo en la negociación con ERC y el gobierno catalán de cara a la celebración de la mesa de diálogo en el mes de septiembre. Si ERC logra "liderar la reconstrucción" frente a sus socios de JxCAT y retirar del orden del día la exigencia de la amnistía y el referéndum-, el Ejecutivo cerrará el plazo dejando morir la capacidad ejecutiva del TC y los recursos previos.
"Un Estatuto bis"
Una forma de allanar el camino para hacer "un Estatuto bis", incluyendo el término nación como pide el PNV, pero ésta vez sin la posibilidad de anulación del Constitucional. Ésta es la "baza negociadora" del Gobierno con ERC, socios que están en permanente contacto con sus otros socios peneuvistas con el objetivo de garantizarse la eliminación del "filtro constitucional previo que evite el choque de legitimidades" entre el parlamento catalán y los tribunales que se dio en 2006 provocando la famosa frase de Zapatero a Maragall: "Pascual, aprobaré el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña". Sánchez aspira a cumplir lo que no consiguió Zapatero.
La desazón del Gobierno
Aunque de momento a ERC le sabe a poco y mantiene las líneas rojas -amnistía y referéndum-, el Ejecutivo utiliza al PNV para aplacar sus ánimos e intentar que cumpla con lo que los republicanos prometieron en privado al Gobierno. Esto es lo que ha sumido al Gobierno en una profunda desazón, el revival del ERC "no es de fiar" con el que Sánchez fue forzado a convocar elecciones por la traición presupuestaria de sus socios en la primera legislatura.
Cuentan desde Moncloa que los indultos iban a ser moneda de cambio, condición sin e qua non para iniciar el diálogo aparcando la ruptura, y no se ha cumplido. No sólo no premian la "valentía" de Pedro Sánchez sino que se ríen de su "necesidad" -en palabras de Rufián-, y le marcan la nueva hoja de ruta de sus exigencias: Tribunal de Cuentas, Reforma del Código penal y Ley Mordaza, son las piezas de caza menor; y el 'lo volveremos a hacer', caza mayor y amenaza para sentar al Ejecutivo socialista en una negociación sin apriorismos ni vetos.
ERC sube el precio de su apoyo
Los republicanos tienen la sartén por el mango y presumen de ello: "Ahora que Ciudadanos ha desaparecido, la geometría variable no existe". Sánchez no tiene alternativa a ERC y éstos, conscientes de que no hay ‘plan B’, han elevado el precio de su apoyo y no tienen prisa: "Quedan dos años". Pero el Gobierno está atrapado y no puede esperar. No tiene dos años sino dos meses. En septiembre, la ministra de Hacienda llevará unos nuevos Presupuestos al Congreso y Pedro Sánchez convocará a la mesa de diálogo. Y el mismo PNV que apoyó los PGE de Mariano Rajoy y la moción de censura de Pedro Sánchez, con una semana de diferencia, presentará una reforma del estatuto de Guernika con la seguridad de consolidar sus alianzas con el PSOE en sustitución de Bildu.
La sombra de Zapatero también es alargada en relación a los nacionalistas vascos, que casi parecen entonando el famoso "Nunca tanto por tan poco" con el que Josu Erkoreka certificó la muerte del presidente del talante en 2010 en una frenética negociación previa a su caída. Los nacionalistas vascos se jactaban entonces de sus dotes negociadoras que volverán a hacer valer en el horizonte cercano, para cambiar el modelo de Estado por la puerta de atrás, aprovechándose de la debilidad del Ejecutivo.
Y el mismo Pedro Sánchez que pide a Aragonés "cumplir con la Constitución", se guarda su última carta de acabar con el Constitucional. Acabar el trabajo de 2006 y lograr un Estatut que respalde "el 74% de la sociedad catalana" sin injerencias de la "politizada Justicia española".