Nada es casualidad. Ni la posición favorable a los indultos de la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, del Círculo de Economía, de los obispos catalanes y hasta del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, todos en las mismas 24 horas, surgen de manera fortuita. Al Gobierno la suerte le ha pillado trabajando en una ofensiva encaminada a presionar, en todos los actores y a todos los niveles, para suavizar el coste ante la decisión inminente de conceder los indultos.
Una campaña fructífera en la que el Gobierno se mueve entre bambalinas pidiendo "comprensión" para lograr la meta volante de resolver el conflicto en Cataluña, cuando, en realidad, su único objetivo es ganar tiempo para agotar la legislatura y posponer una potencial nueva quiebra de la legalidad hasta la siguiente legislatura del PP. Porque, a diferencia de Moncloa, los cálculos del PSOE sobre el horizonte electoral cercano no es precisamente halagüeño.
"Los indultos tienen coste a medio plazo pero nos beneficiarán a largo plazo. La cuestión es ya si tenemos largo plazo". Es decir, si llegarán a rentabilizar ese beneficio desde Moncloa o les pillará ya en la oposición. Crece la sensación -y el temor-, de que "ha habido un click" en la sociedad española, que "nada le sale bien ya a Pedro Sánchez" y que "se ha abierto la veda de tirar a Redondo al barranco", aunque el futuro cercano está aún por decidir.
La CE exige otros dos PGE
Y en estos tiempos cambiantes en que el Ejecutivo contaba ya con una legislatura sin sobresaltos y con los Presupuestos aprobados, llega la Comisión Europea y "nos dice que quiere un presupuesto anual para ir soltando los fondos europeos a medida que cumplamos con los objetivos marcados". Algo que sólo se admite en privado, al igual que ocurrió con la negativa a que los fondos se vincularan a condicionalidad alguna y finalmente han supuesto un rescate encubierto de la Economía. Así explican la decisión de indultar a los 12 condenados del 1-O.
Esto, sumado a que ERC les ha "apretado" para que "los presos salieran de la cárcel" es lo que ha precipitado los acontecimientos para la aprobación de los indultos por parte del Consejo de Ministros el próximo martes 22 de junio, desbancando la doble baza a la que el presidente Sánchez se había entregado para recuperar su denostada imagen pública: la vacunación y los fondos europeos.
"Nos han dado un sobresaliente", aplauden desde el Gobierno ante la eufórica felicitación de la conservadora, Úrsula Von Der Leyen, cuyas loas en la entrega del diploma a Sánchez eclipsaron la aplastante realidad de los 8.000 millones menos que este año llegarán a nuestro país. El jefe del Ejecutivo español restó importancia a este hecho, pese a que supondrá algo menos de un tercio del montante final, cantidad nada desdeñable que se acepta de forma sumisa mientras en Bruselas se libra otra batalla.
La 'venganza' de Sánchez en la UE
La verdadera campaña de persuasión del Gobierno se despliega en Europa desde hace meses. A través de un triple cauce, la delegación socialista española en la Comisión Europea, la REPER, la embajada que ostenta la representación permanente en la UE y la red diplomática española, la administración de Pedro Sánchez despliega una ofensiva diplomática de pedagogía para buscar complicidades y apoyos a su concesión de los indultos. "Nosotros no somos como Rajoy, no vamos a hacer huelga de nuestra obligación sin aprovechar nuestras posibilidades".
Y, entre ellas, recuerdan los "múltiples varapalos" pretéritos a España cuando "Bruselas, Alemania y Francia nos han quitado la razón en los tribunales" negándose a extraditar a Carles Puigdemont tramitando la euroorden desde el escándalo del fallo del tribunal alemán de Schleswig-Holstein. De aquellos polvos, estos lodos.
¿Apoya Europa los indultos?
Y lo relevante es que, según desvelan en el Gobierno, el éxito de la ofensiva europea es mayor que la nacional. "Todos los estados miembros apoyan la concesión de los indultos y no entienden que estén en la cárcel unos políticos por poner unas urnas". Y aquí no sólo incluyen a los primeros ministros de los países de la Unión, sino a los representantes institucionales de la Comisión, entre quienes incluyen, por poner un ejemplo, a la presidenta, Úrsula Von der Layen, a quien le preguntaron los periodistas por su opinión sobre los indultos "y no los criticó porque, en privado, admite estar a favor".
"Todos en Europa entienden que el Tribunal Supremo se ha pasado de la raya" y descuentan que "otra vez más, la Justicia Europea nos volverá a poner amarillos", el color "de la vergüenza", una vez que se presenten los recursos contra los indultos, que también se descuentan por parte del Gobierno. La novedad es que a través de esta triple red institucional y partidista, el Ejecutivo abona esta posición contraria al Supremo por haberse "sobrepasado con un auto político sobre los indultos con el que el más alto tribunal ha dejado de ser respetable".
Sorprende que en privado el Ejecutivo asuma algunas de las críticas históricas de los independentistas y Podemos contra el Supremo: "fascistas", "justicia politizada", "han perdido el norte", "han metido en la cárcel a unos tíos por simular un referéndum"... Y no sorprende sólo por el alejamiento de las cuestiones jurídicas relativas a la gravedad de los delitos de sedición y malversación que engrosan las condenas, sino por la asunción de que la condena del magistrado, Manuel Marchena, fue en sí misma una consideración política que buscaba "revancha" con los presuntos golpistas.
El lapsus del presidente
Un sentir que motivó el error inicial de Pedro Sánchez al hablar de los indultos deslizando las dos palabras tabú que fueron rectificadas en 24 horas: "venganza y revancha". El presidente no hablaba del PP y la oposición sino del Supremo y, concretamente, su ánimo respecto a los jueces a quienes tiene soliviantados desde su intento de perpetrar la 'cacicada judicial' del cambio en el sistema de elección del CGPJ -enmendado por las instituciones comunitarias-, el posterior amago de colocar a los desprestigiados jueces partidistas, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, sólo comparable a la colocación de la Fiscal General, Dolores Delgado, directamente desde el Ministerio de Justicia o el veto al rey Felipe VI en la entrega de despachos en Barcelona.
Sánchez busca vengarse del Supremo y su mayor cualidad es la resistencia. No parará hasta que Europa le dé la razón y vapulee a la justicia española que se atreve a cuestionarle. Será entonces cuando termine lo que no ha hecho más que empezar, cuando entone su Europa locuta, causa finita.