El separatismo retomará sus presiones para expulsar a la Policía de la Vía Laietana en pleno debate de los indultos

"Convertir la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo", es uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado entre ERC y Junts para la investidura de Pere Aragonès y uno de los grandes compromisos del partido de Oriol Junqueras para las elecciones del 14 de febrero. A finales de abril, ERC llevó este asunto al Senado y aunque el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, defendió que por ahora no existen "motivos operativos" para el traslado, ERC seguirá presionando hasta conseguir la autorización del Gobierno para expulsar a los agentes del centro de Barcelona.

El edificio que acoge la Jefatura Superior de Policía y que en octubre de 2019 fue escenario de violencia contra los agentes, forma parte de la llamada carpeta catalana que el separatismo tratará de negociar con Pedro Sánchez en pleno debate de la concesión de los indultos y a la espera de que la Moncloa y la Generalidad pacten un calendario para retomar la mesa de diálogo. Pese a que el traslado de la sede policial estará sobre la mesa, el separatismo es consciente de que el Gobierno no se expondrá a un mayor desgaste hasta que formalice su decisión sobre los indultos.

En paralelo, el gobierno municipal de Ada Colau sí avanza en su propio plan para echar a la Policía Nacional y convertir la sede de la Vía Laietana en una especie de museo que han catalogado como "espacio de recuerdo de la represión", en palabras del concejal de Memoria Democrática, Jordi Rabassa. El pasado jueves, cientos de personas se concentraron ante las puertas de la Jefatura Superior de Policía para mostrar su apoyo a los agentes. Junto a ellos, destacados dirigentes de Vox, PP y Ciudadanos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cifró el pasado mes de mayo en más de 900 el número de agentes que han pedido en 2021 abandonar la región.

Contra la Guardia Civil

La CUP también se ha sumado en las últimas horas a los ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en Cataluña. Los radicales han rechazado la invitación para acudir la próxima semana a la toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona de Pedro Antonio Pizarro a través de una carta en la que directamente piden a los agentes "que se vayan" de Cataluña. El nuevo general de la Guardia Civil en Cataluña, Tovar Jover, ya avisó hace unos días que respetará "toda ideología que se practique dentro de la ley".

En la misiva, que firma el diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlamento, Pau Juvillà, los radicales sostienen que "todavía están frescas las imágenes de este mismo cuerpo policial pegándonos a nosotros, a nuestros padres y abuelos en octubre de 2017, cuando se dirigían a los colegios electorales con un arma terrible: una papeleta en la mano". El pasado fin de semana, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas, la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, también pidió al Ejército abandonar el cuartel del Bruch, de Barcelona.