No es algo nuevo pero sí más insólito la batalla interna en el seno de la coalición. La campaña electoral catalana y la tensión entre PSOE y Unidas Podemos, quienes pugnan por una parte del mismo electorado, ha acrecentado la guerra entre las dos facciones del Ejecutivo en dos trincheras distintas: el cuestionamiento de Pablo Iglesias de la normalidad democrática en España, como "vicepresidente del Gobierno", y la carrera que se ha vivido en las últimas horas en el Gobierno para adelantarse a presentar en el registro del Congreso la iniciativa de reforma del Código Penal para despenalizar los delitos relacionados con la libertad de expresión.
La segunda cuestión presenta las principales novedades, en tanto en cuanto evidencia que el PSOE ha dicho "basta" y ha pasado a la ofensiva. Sin esperar a que Podemos abriera un nuevo frente de batalla con el que poner contra las cuerdas a la cuota socialista del Gobierno, ésta decidió anoche llevar la iniciativa para hacer lo propio con el socio minoritario. Al filo de las 21:00 horas de este lunes, envió un comunicado para anunciar revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad.
Traducido: el PSOE le arrebata a Podemos su bandera de eliminar las penas de prisión para casos como el rapero Pablo Hasel, condenado en 2015 a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias, y a quien ha defendido recientemente el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al decir que "no beneficia a la imagen de España que alguien pueda acabar en prisión por cantar, diga lo que diga en sus canciones".
Un anuncio que, según Podemos, llegó después de que el secretario de estado de relaciones con las Cortes recibiera el aviso de Podemos de que registrarían la iniciativa en el Congreso en la mañana de este martes, y de la cual el Gobierno socialista se quiso atribuir la autoría. Tras haberse quedado atrás de cara a la galería Podemos se apresuró este martes a registrar la iniciativa dejando clara la paternidad de la medida. El diputado morado, Enrique Santiago, manifestó que el anuncio del Gobierno no se ha transformado en iniciativa legislativa: "nuestra posición de Ley, que es la que hay. No conocemos ningún texto de los socios". Y se felicitó porque "estamos seguros de que ahora vamos a tener un gran acuerdo para la tramitación urgente y eliminar las penas de cárcel de delitos llamados de expresión".
Para el PSOE todo se enmarca en una estrategia electoral en aras de contener la fuga de voto hacia el PSC. Algo que deslizó el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas. Preguntado por la cuestión en rueda de prensa en el Congreso, Simancas restó importancia a las discrepancias entre los socios por tratarse de "dos partidos políticos distintos que están ahora en campaña electoral", negó la "descoordinación" entre ambos por presentar dos iniciativas distintas con diferencias de unas horas, y alegó que "saben ustedes cuáles son las dinámicas de los gobiernos de coalición".
Una idea a la que se sumó por la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que "estamos en campaña electoral y algunas formaciones quieren capitanear algunas cuestiones sólo porque el domingo tenemos elecciones".
Las palabras de Iglesias en una entrevista al diario Ara fueron objeto de la polémica por otra vertiente, los presos del 1-O, cuya situación, según Iglesias, pone en cuestión la "normalidad democrática y política de España". Algo que ha sido desautorizado desde este lunes por varios miembros del Gobierno como la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien discrepó "absolutamente" de su colega de gabinete: "Tenemos la normalidad propia de un Estado de derecho donde se aplican las leyes a todos por igual" y quien no participa en la contienda "es porque huyó de su país" y de la Justicia; o el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, quien defendió la "normalidad democrática española" aunque abrió la puerta a que "la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad". Ninguno de los dos se refirió a la voluntad de Iglesias de dejar claro que hablaba "como vicepresidente del Gobierno", y no como líder de Unidas Podemos.