Las urnas, papeletas y los equipos de protección frente al coronavirus ya están preparados en almacenes municipales a la espera de ser distribuidos en los próximos días por todos los puntos de votación, en su mayoría, pabellones o incluso mercados. Pese a la avalancha de alegaciones presentadas por los miembros de las mesas electorales, "no hay ninguna duda de que el 14 de febrero se celebrarán las elecciones en Cataluña" afirma en declaraciones a Libertad Digital Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. "La cuestión es en qué condiciones y qué problemas va a generar" que se abran los colegios dentro de 9 días en Cataluña.
Según Flores, una vez se ha pronunciado el TSJC, no existe ningún resquicio legal para no poner las urnas pese a que el presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, aseguraba este jueves a El País que "hasta las 9:00h del día 14 de febrero no sabremos si las elecciones son viables". El miedo al contagio está provocando una oleada masiva de recursos de los miembros de las mesas electorales —más de 21.100— que se niegan a acudir a sus puestos el día de las elecciones y según Flores, aunque los colegios podrán funcionar todo el día, el 14 de febrero podemos encontrarnos ante dos escenarios muy diferentes en función de cuatro hipótesis de actuación.
La primera y hoy por hoy menos probable, es que todos los miembros de la mesa acepten el encargo de la JEC; la segunda posibilidad es que algunos de ellos recurran, se les deniegue el recurso pero acaten la decisión; la tercera, que les acepten el recursos y ocupe su lugar el suplente –en estos tres casos estaría garantizado el normal funcionamiento de la jornada electoral— y la cuarta hipótesis es que se presenten alegaciones, la Junta Electoral las rechace y aún así, el miembro de la mesa no acuda a su punto de votación. Es aquí donde se abriría un escenario incierto que queda en manos únicamente del organismo electoral.
Bolsa de voluntarios "demasiado amarilla"
"La Junta Electoral puede nombrar como nuevos miembros para las mesas a quien quiera, la práctica es recurrir a los primeros que han acudido a votar o a los que se encuentren presentes en el local", pero se da la circunstancia de que en Cataluña son los colectivos de mayor riesgo los primeros en ser llamados a las urnas. En ese caso, y si el organismo electoral considera que no puede obligarles –aunque podría hacerlo bajo amenaza de sanción– podría recurrir a otras vías que la ley no contempla pero que tampoco prohíbe. Es el caso de la bolsa de voluntarios que el presidente de la Junta Electoral de Barcelona ha puesto sobre la mesa.
Una opción de participación cívica que si bien no generaría ninguna sospecha en cualquier otra autonomía, en Cataluña, según el catedrático y miembro de la Junta Electoral valenciana "no es buena idea" ya que en plena amenaza rupturista es complicado que "los miembros de la mesa vayan a tener la misma neutralidad política que garantiza el sorteo". Para Flores, "una bolsa de voluntarios en Cataluña podría ser demasiado amarilla y a la hora del recuento podría pasar cualquier cosa".
Es más, recuerda el catedrático de Derecho Constitucional a Libertad Digital que en Cataluña está demostrado que "la capacidad de organización y movilización del independentismo está a años luz de la del constitucionalismo además del sesgo de muchas instituciones como los Ayuntamientos". "La idea de que los consistorios puedan poner a disposición de la JEC una bolsa de voluntarios, me parece peligroso", insiste Flores.
¿Ausencia de interventores?
Voluntarios que en algunos casos podrían ocupar esas mesas sin la vigilancia de interventores por falta de éstos en algunos colegios. El defensor del pueblo en Cataluña ya se ha pronunciado al respecto y rechaza esta posibilidad por "carecer de garantías jurídicas". La figura del interventor en un colegio electoral es clave aunque su función sea bastante limitada y también está en el aire que durante la jornada del 14 de febrero, por miedo al coronavirus, haya presencia de interventores de todos los partidos en cada punto de votación.
Los interventores son observadores cualificados y si la mesa comete alguna irregularidad y hay un interventor de otro partido puede tomar nota y denunciarlo. De no existir la figura de un interventor, la mesa sigue teniendo capacidad decisoria "solo que si comete una irregularidad nadie se entera", concluye el también miembro de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. Desde el martes, el organismo electoral cuenta con la ayuda de 2 médicos forenses para estudiar las alegaciones sobre tipos médicos pero ante tal aglomeración de recursos, advierten de que estarán valorando casos hasta el mismo día de las elecciones.