El acuerdo entre el Gobierno y ERC sobre los Presupuestos Generales del Estado ha descolocado a Junts per Catalunya (JxCat), superado por "logros" como la eliminación del español como lengua vehicular en la enseñanza, los 2.339 millones de euros que se destinarán a Cataluña y el propósito asumido por el Ejecutivo de tumbar el sistema fiscal de Madrid, al que los separatistas atribuyen la fuga de empresas emprendida en los días previos al golpe de Estado de octubre del 17.
En el partido del prófugo Carles Puigdemont apuntan además que el catálogo de cesiones y concesiones se puede completar en los próximos días con la excarcelación de los golpistas, ya sea por la vía del indulto (que según fuentes republicanas ya está muy avanzada) o por la reforma del delito de sedición para rebajar las penas, proyecto que PSOE y Podemos pretenden acometer antes de que acabe el año. En esa tesitura, JxCat quedaría definitivamente en fuera de juego de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Ante el alcance del pacto entre el Gobierno y ERC, los posconvergentes tratan de desacreditar la capacidad negociadora de los republicanos y el contenido de los acuerdos. De entrada, siembran dudas sobre la "lluvia de millones" prometida por el Gobierno a cambio del "sí" de los republicanos. "Es lo de cada año, papel mojado", apuntan. "Ya pasaba con Convergencia, que se prometían una serie de inversiones y luego las previsiones presupuestarias no se cumplían", abundan.
El expresidente de la Generalidad, Quim Torra, ha sido el primero en descalificar el acuerdo. "Mientras fui presidente de Cataluña no se aprobó ningún presupuesto español. Al contrario, los tumbamos. No se pueden aprobar los presupuestos de un Estado que te quiere sometido nacionalmente y asfixiado económicamente. Es uno de los honores más grandes de mi carrera política" escribió en Twitter el inhabilitado Torra una vez trascendido el pacto.
La "idea" es extender la premisa de que los dirigentes de ERC son unos "botiflers" (traidores) y que si ganan las elecciones autonómicas pactarán una reedición del tripartito con el PSC y los podemitas que supondrá un frenazo radical en las aspiraciones independentistas.
En la misma línea se han expresado la aspirante a suceder a Torra al frente de la Generalidad, Laura Borràs, y el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet. Para Borràs, "no se consigue nada para Cataluña negociando sobre aquello que ya es nuestro". Batet ha ido un paso más allá y ha desgranado que JxCat habría negociado con el Gobierno una reducción del déficit fiscal, más inversiones y los mecanismos para garantizar su cumplimiento, así como un aumento de las partidas para sanidad. "Todo el mundo conoce cual es nuestra posición y nuestras exigencias y por eso el PSOE ha rechazado negociar con JxCat. La crisis del coronavirus nos tiene que hacer más exigentes que nunca", ha apuntado el portavoz Batet.
Campaña contra los de Junqueras
Así, el propósito de JxCat es extender la idea de que el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE es papel mojado, al tiempo que recrudece sus ataques con insinuaciones sobre la corrupción en ERC. La última campaña de los posconvergentes contra los republicanos consiste en una cadena de mensajes por Whatsapp en los que se pone en duda la legalidad de las concesiones del Ayuntamiento de Barcelona y la consejería de Salud a una empresa cuyo gerente es el hermano de Oriol Junqueras. El texto es el siguiente: "Colau adjudica el servicio de bicing a la UTE Pedalem Barcelona. El gerente es el hermano de Junqueras, Roger Junqueras. La consejería de Salud (ERC) adjudica a dedo contrato de 18 millones de euros a Ferrovial. El gerente también es el hermano de Junqueras. Pero la corrupta es Laura Borràs".
La teórica tregua entre JxCat y ERC tras el episodio de la filtración de las restricciones por el coronavirus está delimitada al espacio del gobierno de la Generalidad. Los partidos y grupos parlamentarios siguen con una guerra sucia cada vez más descarnada.