Este lunes la vicepresidenta Calvo se defendía de las críticas al ministerio de la verdad que ha montado su departamento en Moncloa y en el que tiene, entre otros, al CNI y al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver para controlar a los medios de comunicación. En su ya característico tono de dignidad solemne, ese que emplea cuando quiere aleccionar a los periodistas que osan preguntarle por asuntos incómodos, Calvo dijo literalmente que este ministerio de la verdad "no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de nuestro país. El Gobierno no tiene ni una sola mácula en relación a los medios de comunicación. Nunca, que alguien lo pueda comentar".
Pues bien, en Libertad Digital hemos querido recoger ese guante que lanzaba la vicepresidenta Calvo y hemos decidido hacer un repaso, ni siquiera exhaustivo, a esas "máculas que alguien pueda comentar", como desafiaba en sus declaraciones. Y sólo nos hemos ceñido a este año.
31 de marzo 2020. Cuando llevábamos algo más de dos semanas de estado de alarma en el mes de marzo, Libertad Digital encabezaba una queja formal contra el control del Gobierno a las preguntas de los periodistas al presidente Sánchez. LD titulaba: "Un centenar de periodistas españoles firman un manifiesto contra el control del Gobierno a sus preguntas". Se quejaban los profesionales de la información del filtro aplicado por Moncloa en las ruedas de prensa y decidieron firmar un manifiesto para pedir libertad para preguntar.
Del derecho a la información somos garantes los periodistas, no el Gobierno. Me adhiero absolutamente a esta iniciativa #PorLaLibertaDepreguntar pic.twitter.com/kyTS0sZjYj
— Ketty Garat (@KettyGarat) March 31, 2020
El manifiesto #PorLaLibertaddePreguntar fue secundado por más de 300 profesionales.
1 de abril de 2020. Justo un día después de publicar ese manifiesto, Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación tomaba represalias contra los periodistas que firmaron el manifiesto. Oliver censuró las quince preguntas de todos los medios habituales que firmaron el manifiesto y que previamente habían mandado sus cuestiones vía WhatsApp al chat habilitado por Monlcoa para filtrar las preguntas. Así lo denunciaba Ketty Garatt en Libertad Digital y esRadio.
8 de abril 2020. Televisión Española intentó desacreditar sin éxito a Libertad Digital. El ente público RTVE (Radio Televisión Española) creaba un sistema llamado "de verificación de bulos" al que bautizaron con el nombre de "RTVE Verifica", con el que pretendía desacreditar aquellas informaciones y medios que publicaban noticias supuestamente falsas y que, fundamentalmente, denunciaban la nefasta gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Por aquel entonces, en los primeros días de abril, el número de muertos por covid era de 15.000.
Pues en aquel momento, esa sección de la televisión pública señaló como falsa la información de Libertad Digital titulada: El Gobierno confisca alcohol y obliga a cerrar las fábricas de hidrogeles. Decía la tele pública que los laboratorios "Iberfrasa, en Toledo, como Laboratorios Vinfer, que no se está confiscando nada y que, por lo tanto, es un bulo". El problema es que ninguno de esos laboratorios eran las fuentes de Libertad Digital, a quienes sí habían confiscado el alcohol y habían obligado a cerrar sus fábricas de hidrogeles. Nuestras fuentes eran fábricas madrileñas y manchegas, pero no las que citaba la información de RTVE.
15 de abril de 2020. El Gobierno pasa a la acción con una encuesta tendenciosa hasta decir basta por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en manos de Tezanos. Sus preguntas, sesgadas sin disimulo, estaban orientadas a desacreditar la acción de oposición, mantener el encierro domiciliario, aplaudir la gestión por parte del Gobierno y anular la acción de los medios de comunicación críticos. Una descarada y obscena manipulación ejercida a golpe de presupuesto público y para mayor gloria de Pedro Sánchez y Fernando Simon. El CIS sobre el coronavirus nos ha mostrado al Tezanos más desatado.
16 de abril de 2020. Mucho menos extraña o sorprendente la persecución por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, el podemita Pablo Iglesias, a los medios de comunicación privadas, que él llama "ultraderecha mediática y política". Claro, todos menos La Sexta, donde le tratan a placer. Cuando el Gobierno gozaba de poderes absolutos merced al estado de alarma y la responsabilidad de Iglesias era cuidar a los ancianos que estaban muriendo a decenas todos los días en las residencias, el vicepresidente apuntaba a esa "ultraderecha mediática y política" y la apartaba del futuro de España: "Estamos comprometidos para que esa ultraderecha mediática política no forme parte del futuro de nuestro país", dijo el dirigente comunista entre guiños a su amigo García Ferreras, que según Iglesias "también está sufriendo en las últimas horas" ataques de la "ultraderecha".
19 de abril de 2020. Aquel día se producía, quizá, uno de los capítulos o hitos más importantes del periodo de restricción de libertades más fuerte que ha vivido nuestro país desde la Guerra Civil. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago decía en rueda de prensa:
"Estamos trabajando contra los bulos con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen esta serie de bulos. Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos, luego, los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales"
La polvareda que levantó esta confesión del general Santiago obligó a los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, a negar los hechos.
20 de abril 2020. El problema es que, al día siguiente, una circular del Estado Mayor de la Guardia Civil pedía a todas las comandancias que identificaran las campañas de desinformación y bulos "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". Era una orden remitida por correo a las comandancias de Guardia Civil pide vigilar lo que produjera un clima contrario a la acción del Gobierno.
21 de abril 2020. Por si quedaba alguna duda, al día siguiente Isabel Celaá, ministra de Educación, señalaba en una entrevista en TVE que el Gobierno lo estaba haciendo muy bien y proporcionaba tranquilidad a la ciudadanía y que, precisamente por eso, "no podemos aceptar que haya mensajes negativos" contra el Gobierno
13 de mayo. Y es que el Ejecutivo, por mucho que Carmen Calvo diga que no hay "mácula" alguna del Gobierno contra la libertad de expresión, no ha dejado de atacarla casi ninguna semana. Poco después de las declaraciones de Celaá era el ministro de Universidades, Manuel Castells, quien azuzaba la censura gubernamental y decía que "hay que intervenir las redes sociales". Lo considera fundamental para evitar "un problema muy grave". Lo hacía en una entrevista con Wyoming y lo denunciaba Rocío Monasterio en Twitter.
No os perdáis al Ministro de cultura Castells justificando intervenir las redes sociales. Los progres que gritaban por las calles ¡libertad, libertad! cuando llegan al poder enseñan su verdadera cara de #dictadores socialistas. 😱😱 pic.twitter.com/zFMdUDJ6Qc
— Rocio Monasterio (@monasterioR) May 13, 2020
29 de julio de 2020. Pero las máculas del Gobierno no sólo se componen de intentos de cercenar la libertad de prensa mediante la prohibición o la intervención, también lo ha hecho por la vía de la coima. Y es que, hasta en dos ocasiones tuvimos que ver cómo el Ejecutivo regaba con subvenciones millonarias a Atresmedia y Mediaset. Medios que Podemos no incluye en eso que llama "la ultraderecha mediática" y a los que cuidaron con millones de euros en medio de una brutal crisis de ingresos de todos los medios privados en España merced a un estado de alarma que laminó un cuarto del tejido productivo español. La excusa oficial fue compensarlas por el segundo dividendo digital.
Curiosamente la última y más flagrante amenaza a la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación es ese ministerio de la verdad que se ha montado Carmen Calvo en el BOE. Un organismo que, pese a circunscribirse únicamente a la vigilancia de campañas de desinformación que vengan del exterior, incluye al encargado de controlar a los medios de comunicación españoles, Miguel Ángel Oliver, secretario de estado de Comunicación. Si esto no es una catarata de "máculas", que alguien resucite a Orwell.