Un estado de alarma de 6 meses, un "ministerio de la verdad" que persiga a los medios de comunicación que contradigan al Gobierno, un ataque a la educación concertada, aniquilar el español en Cataluña, una ley para consagrar el terror fiscal y el inmenso poder de imponer un arresto domiciliario y cierre obligatorio de empresas a placer. Todos estos poderes tiene, o va camino de tener, el Ejecutivo más extremista de la democracia.
Estado de alarma de seis meses
El pasado 25 de octubre, Pedro Sánchez, con los votos de los comunistas, golpistas, separatistas y amigos de los terroristas, además del apoyo de Ciudadanos y la complicidad del Partido Popular, aprobó en el Congreso la declaración de un nuevo estado de alarma por seis meses. El presidente del Gobierno no tendrá que rendir cuentas de la prórroga hasta dentro de dos meses y sin ninguna votación sobre la misma.
La Constitución fija la duración del estado de alarma en quince días, con aval del Congreso de los Diputados, que deberá autorizar una eventual prórroga de otra quincena.
Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional al precisar que la restricción de derechos fundamentales no puede ser un arma incontrolada en manos del Ejecutivo, sino que debe adoptarse por motivos tasados y durante el menor tiempo posible. Pero, tal y como está configurado, este estado de alarma no se podrá levantar, como pronto, hasta el 9 de marzo, tras cuatro meses de prórroga.
En esta situación, el Gobierno cuenta con seis meses en los que podrá limitar a placer los derechos de movilidad de los ciudadanos, decidir cuántas horas pueden permanecer en la calle, autorizar requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes sobre el abastecimiento de los mercados. En estado de alarma puede prohibir a la gente que salga a la calle bajo amenaza de sanción o intervenir y ocupar de forma transitoria fábricas, industrias, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, eso sí, con la excepción de domicilios privados.
Perseguir a los medios de comunicación
Quizá el principal problema que aqueja España es la gestión de la pandemia que está capitaneando el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias y que en términos relativos es de las peores, si no la peor, del mundo, con el peor balance de muertos por cada 100.000 habitantes, de sanitarios infectados y fallecidos, amén de los peores resultados económicos de los países desarrollados. Y todo eso después de aplicar las medidas más restrictivas de derechos de los países de la OCDE.
Pero al Gobierno no le gusta que los medios de comunicación pongamos negro sobre blanco este balance, igual que tampoco le gusta que señalemos aquellos países (Corea del Sur o Taiwán), y ahora también regiones (Madrid), que sí están actuando con efectividad contra la pandemia.
Ya se le escapó al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en una comparecencia en abril, en pleno arresto domiciliario, cuando dijo que el Instituto Armado trabajaba para "minimizar el clima contrario a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno".
Ahora, ese trabajo que antes se encargó a la Benemérita, ahora se ha consagrado en el BOE sin publicidad, ni control parlamentario. Este pasado jueves, el Ejecutivo de PSOE y Podemos publicaba en el Boletín Oficial del Estado un "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional". Se hacía mediante una orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo.
Ese procedimiento contará con la participación del Consejo de Seguridad Nacional que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia CNI o la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno que dirige Miguel Ángel Oliver.
Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que este plan "es gravísimo y crea un Ministerio de la Verdad". Aunque el Gobierno justifica su orden en un plan de la UE, los expertos jurídicos sostienen que "la evanescencia de la norma, la falta de control al controlador y la falta de concreción en la definición de lo que se considera desinformación por parte del Ejecutivo supone una limitación al derecho fundamental a recibir información veraz que consagra la Constitución en su artículo 20".
Pero es que estos expertos añadían en LD que "no se deben perseguir las críticas al Ejecutivo o a un partido político ni siquiera cuando esas afirmaciones no sean ciertas, porque para eso están los tribunales de justicia". Tal y como está concebida esta orden "en ella caben muchas cosas. Hay que establecer procedimientos y elaborar regulación muy precisa y clara que indique qué límites no se deben traspasar".
El "lapsus" del general Santiago en abril, el intento de desacreditar a Libertad Digital y sus informaciones por parte de la Televisión Pública española, o la iniciativa aprobada por Podemos en el Congreso para perseguir las críticas al Gobierno, dan buena cuenta de cuáles son los peligros que esconde esta orden ministerial aprobada sin transparencia ni debate público.
Sometimiento de la educación
Pero el gusto del Gobierno por sesgar derechos fundamentales y limitar la capacidad de acción de los ciudadanos, saltándose directamente la Constitución, así como la desactivación de los contrapoderes de los que se dota todo Estado de derecho, democrático y de libertades, es apabullante. No sólo se ha dotado de poderes casi ilimitados con un estado de alarma de dudosa legalidad, o ha consagrado en el BOE la persecución a los medios de comunicación libres e independientes, sino que también ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de la ya maltrecha educación en España.
Esta misma semana, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sacado adelante, con el apoyo de PSOE, Podemos y ERC, la enmienda que elimina al español como lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado.
Otra medida que cercena libertades fundamentales consagradas en la Constitución, que en su artículo 3 lo deja bien claro:
"El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"
"Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".
Pero es que, además, esta ley educativa esconde un feroz ataque a la libertad de elección de la educación por parte de los padres y a una planificación total por parte del Estado de la educación en nuestro país, siendo el Estado y no los ciudadanos los que decidan a qué escuela tiene que ir nuestros hijos. El punto conflictivo está en el artículo 109, que señala a las administraciones como responsables de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para, dice el texto, "garantizar el derecho a la educación". En realidad, lo que hace es darle plenos poderes a las diferentes consejerías de educación para decidir a qué escuela deben ir los niños, sin tener en cuenta la demanda en centros privados concertados. Dicho de otro modo, aunque alguien quiera llevar a su hijo a un centro privado concertado, su admisión o no ya no dependerá de que sea aceptado por el centro, sino de que a la Consejería de Educación de turno le parezca bien. La norma primará a las escuelas públicas, por lo que condenará a muchos centros privados concertados a perder el concierto y convertirse en colegios privados.
Terror fiscal
En la deriva totalitaria del Ejecutivo no podía faltar el terror. Y la vía que han encontrado ha sido la fiscal. El Gobierno ha dado un paso más, que supera las advertencias del propio Tribunal Supremo al Fisco sobre su arbitrariedad en la aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que mantienen a los contribuyentes.
Ahora, Hacienda quiere consagrar la inseguridad jurídica que mantiene en el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas, sumando la persecución a los contribuyentes en sus propios domicilios.
Esta misma semana el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, informó de que están preparando la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso.
Control de jueces, policías, espías y fiscales
A todo esto hay que añadir escándalos que ya arrastramos desde antes de que impactara la pandemia, como colocar en la Fiscalía General del Estado a la que había sido hasta ese momento ministra de Justicia; el descarado intento de controlar los jueces con la renovación del CGPJ, y el cambio normativo para poder aprobar dicha renovación sin mayoría cualificada en el Congreso; la cacicada de Marlaska en la Guardia Civil contra el general Pérez de los Cobos; la normativa de Hacienda para premiar la delación entre los contribuyentes; el establecimiento del delito de conciencia a través del revisionismo histórico de una Ley de Memoria; la peligrosa presencia de Pablo Iglesias en el CNI, y la progresiva transformación del tejido productivo español en una red subsidiada, con la ministra de Trabajo presumiendo de haber llegado en el pico del la pandemia a los 6 millones de subsidios por desempleo.
Todo lo expuesto anteriormente configura un régimen de retroceso en la conquista de libertades que cada día se parece más al proceso iniciado por Chavez y rematado por Maduro que nuestro vicepresidente Iglesias contribuyó a afianzar en Venezuela. Puede parecer exagerado establecer un paralelismo con el país iberoamericano, pero tampoco allí pensaron que fuera posible acabar en dictadura. Lo que es innegable es que el Ejecutivo español se ha lanzado sin disimulo y con la única oposición frontal de Vox a cercenar derechos y libertades y establecer los sistemas de control necesarios para mantener los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y mediático en el gabinete de Moncloa. Sólo falta que los españoles se conviertan en una masa crítica adormecida y dependiente del subsidio estatal. Vamos camino de ello.