La jornada del miércoles ya había sido aciaga para él, pero le quedaba un desquite. Con el outfit de sus tiempos de presentador televisivo, corbata aflojada y camisa, sin americana, Pablo Iglesias intervenía en el Palacio de la Moncloa justo después de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y antes de que lo hicieran la tercera, Nadia Calviño, y la cuarta, Teresa Ribera.
En las últimas palabras de su alocución se atrevía, aunque muy veladamente, a referirse al elefante en la habitación, que no era otro que la imputación que horas antes pedía para él al Tribunal Supremo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. "La modernización de España tendrá enfrente a los que siempre han estado en contra de la modernización de España. A una parte muy importante de las derechas y a algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado. Quiero decirles que este Gobierno va a asumir las tareas históricas que le han tocado, aunque solo sea, como decía un personaje de Valle-Inclán [Ramón María] en La Corte de los Milagros, por decoro" remataba su discurso,
Arrojaba así Iglesias a la hoguera del "Estado profundo" o de la práctica del lawfare —un término inglés que describe la presunta guerra sucia de elementos de la judicatura contra rivales políticos— al mismo García-Castellón cuya reciente decisión de imputar al exministro Jorge Fernández Díaz fue celebrada por todo lo alto por el partido morado, que impulsó con éxito una comisión de investigación de próxima creación sobre el caso Kitchen.
Fue entonces cuando el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, dijo sentirse desconcertado (y su expresión facial así lo reflejaba) al ser preguntado en rueda de prensa si la resolución dictada por el magistrado contra el que fuera estrecho colaborador de Mariano Rajoy era un ejemplo de lawfare.
Este mismo miércoles, fuentes de Podemos, además de mostrar su estupor por la petición de imputación para su líder y otros dirigentes como la vicepresidenta segunda del Congreso, Gloria Elizo, argumentaban que "vienen tiempos muy difíciles para España". Unas palabras que apuntalan la versión conspirativa expresada también por el propio Echenique en un apresurado tuit nada más conocerse la decisión de García-Castellón el mismo miércoles. "Contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta" concluía Echenique.
"Poderes profundos" en varios asuntos en curso judicial
La planilla argumentativa de los "poderes profundos"; la del "Estado dentro del Estado"; la del referido lawfare o cualquier otra formulación vale para el caso Dina, en el que el juez ve un "agravante de género" en uno de los tres posibles delitos en que habría incurrido Iglesias, en concreto el de revelación de secretos, pero también para el caso de la financiación irregular por el que otro juez, en este caso Juan José Escalonilla, titular del juzgado número 42 de Madrid, decidió imputar el pasado verano al propio Podemos como persona jurídica y a varios de sus dirigentes.
Ni el hecho de que Iglesias ocultase durante medio año a su colaboradora Dina Bousselham (ahora encargada del frente mediático de Podemos con una web auspiciada por el partido) el contenido de una tarjeta de móvil con material comprometedor, algo que recientemente dijo haber hecho para "proteger" a una "mujer de veintipocos años"; ni las presuntas irregularidades denunciadas por el exabogado del partido José Manuel Calvente, al que Podemos acusó a su vez de acoso sexual a otra persona del equipo jurídico, siendo archivada la denuncia por falta de pruebas; ni los manejos financieros con la consultora mejicana Neurona, con la que habría ejercido de conseguidor el fundador de Podemos e íntimo de Iglesias Juan Carlos Monedero, siempre bien relacionado con los países latinoamericanos; ni las abultadas donaciones desde la llamada "caja de solidaridad" de hasta 50.000 euros a una entidad controlada por un asesor del diputado Rafael Mayoral, como consta en la denuncia de Calvente a la que accedió en su día Libertad Digital… nada de eso serían más, según la teoría de los "poderes profundos", que excusas o invenciones para dañar a Podemos y, por elevación, al Gobierno de coalición.
El trámite jurídico de algunos de esos asuntos va a seguir su curso, pero la mayor incidencia será cuando el Tribunal Supremo resuelva si observa o no motivos para investigar (la figura de la antigua imputación) al aforado Pablo Iglesias Turrión por hasta tres delitos, después de haber recibido una tarjeta de móvil de un editor de prensa, habérsela ocultado durante meses a su legítima propietaria, quien había denunciado su robo en una comisaría, y tres años después haber utilizado profusamente este asunto como arma electoral en las elecciones generales de 2019, presentándose entonces como víctima de las llamadas cloacas del Estado.
Bien es cierto que los vigentes estatutos de Podemos, modificados oportunamente en 2018, ya no sitúan la imputación judicial como el momento en el que un cargo debe dimitir. Pero que se vea en esa situación todo un vicepresidente segundo del Gobierno sería un escenario inédito del que no se atisba fácil solución para Iglesias.